El gremio legislativo manejó 25 millones sin control

Numerosas irregularidades surgen de auditorías realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre el Fondo de Viviendas que administraba APEL. Además avanza una causa en la Justicia penal.

El gremio legislativo dispuso de casi 25 millones de pesos correspondientes al Fondo de Viviendas, conformado por aportes públicos y dinero del recupero por ventas de lotes.

Esos manejos están seriamente cuestionados por las auditorías del Tribunal de Cuentas, que confirmaron distintas irregularidades. No obstante, el análisis definitivo corresponderá a una comisión especial de la Legislatura, que preside Leandro Tozzi.

Hace unos días, el Tribunal concluyó una cuarta auditoría del Fondo de Viviendas, administrado por el gremio legislativo, aunque actualmente está intervenido por la Legislatura frente a las diferentes irregularidades detectadas. Más allá de lo administrativo, el juez Favio Igoldi evalúa una denuncia penal donde ya acumuló mucha documentación y se estima la citación de los administradores, entre ellos el secretario general de APEL, Alejandro Gatica.

El órgano de control –que preside Erika Acosta– intervino por requerimiento de aquella comisión. Sus conclusiones ratificaron que APEL no diferenciaba la administración del Fondo, incluso con la utilización de las mismas cuentas bancarias. Además se detectó la ausencia de documentación respaldatoria, como la inexistencia en las rendiciones del listado de compradores y comprobantes de pagos de los lotes vendidos por el gremio.

Creado en el 2010, el Fondo se conformó con el 2% de los sueldos del personal legislativo, sin retención de haberes, por lo cual constituyó un aporte directo del Estado. Su disponibilidad creció con la compra de un predio y la posterior venta de lotes.

Entre marzo del 2010 hasta agosto del 2013, el Fondo –según las rendiciones del gremio– dispuso de algo más de 22,7 millones por transferencias de la Legislatura y cobro de las cuotas de los lotes. En cambio, el Tribunal de Cuentas observó esos montos, especialmente los ingresos por las ventas de las tierras.

Distintas auditorías confirman diferencias en esos ingresos, arrojando un faltante de un poco más de 2,1 millones. Igualmente, el Tribunal advirtió que esos números son “presumibles”, a partir de la carencia de recibos y documentación. Así, la proyección del órgano indica que el Fondo manejó más de 24,8 millones.

Entre las últimas observaciones, el organismo de control detectó que se contrajeron obligaciones a cargo del Fondo administrado, sin que conste que se hayan establecido de manera precisa la cuantía, extensión, conveniencia y razonabilidad de las mismas”.

En marzo del año pasado hubo un allanamiento en la sede del sindicato en Viedma.

ADRIÁN PECOLLO

adrianpecollo@rionegro.com.ar

Río Negro


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