El juicio contra Giannattasio quedó entre paréntesis

La causa penal contra el intendente de Huincul, Juan Carlos Giannattasio y tres funcionarios del Ejecutivo, volvió a tener un cuarto intermedio. El juez de Garantías, Diego Chavarria Ruiz deberá resolver los planteos que elevaron los defensores de los cuatro imputados, quienes pidieron la nulidad del proceso. El magistrado resolverá mañana.

Ayer, en la Oficina Judicial de Cutral Co, se hizo la audiencia de “control de acusación” en la causa por los presuntos delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de deberes de funcionarios públicos. Sin los imputados en la sala (además del intendente Giannattasio figuran el secretario de Gobierno, Gustavo Suárez; de Hacienda, Cristian Quilodrán y de Obras Públicas, Miguel Navarrete) se abrió la audiencia que llevó adelante el juez de Garantías, Diego Chavarria Ruiz, designado el pasado 11 de abril después de la recusación del anterior magistrado. En cambio, asistieron los querellantes Fernando Doroschenco y Gustavo Iril, junto a uno de los abogados, Lautaro Arévalo.

Fue el abogado Alejandro Marco, defensor de los funcionarios Quilodrán y Navarrete, el encargado de hacer un planteo previo y solicitó el sobreseimiento de sus representados, por entender que se “vulneraron aspectos constitucionales” del derecho a la defensa, entre otras cuestiones. Explicó por qué razón tanto Navarrete como Quilodrán, no deben ser acusados y pidió el sobreseimiento para ambos. “Estas dos personas, no están obligadas a rendir cuentas”, alegó. Esta cuestión fue rechazada por el juez Chavarria Ruiz.

Luego, la fiscal Marisa Czajka, quien mencionó cómo se dilató el proceso por las medidas, planteos y recusaciones presentadas por los defensores, pidió el “desafuero” de los funcionarios.

Czajka indicó que hubo “multiplicidad de ilícitos” con la firma Rentaquen SRL, donde se registraron presuntos sobreprecios y una serie de irregularidades con las formas de contratación. Entendió que los cuatro funcionarios deben ser juzgados en calidad de coautores por los delitos de administración fraudulenta e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Recordó que deben ser juzgados por un tribunal “unipersonal” y no colegiado, porque la pena para estos casos no puede superar los tres años. El 23, a las 13, se conocerá la decisión ante la batería de planteos.

El intendente está acusado junto a sus secretarios de Gobierno Gustavo Suárez, de Hacienda Cristian Quilodrán y de Obras, Miguel Navarrete.