El STJ define la causa sobre los presuntos aportes truchos

La máxima instancia judicial provincial debe resolver la disputa de competencia entre los fueros penal y electoral.

El Superior Tribunal de Justicia deberá definir la suerte de la causa que se investiga por presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para la campaña del intendente Gustavo Gennuso en el 2015.

El Tribunal Electoral Provincial no compartió la declaración de incompetencia suscripta por el juez de Garantías, Juan Martín Arroyo, y remitió las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia.

La polémica se generó allá por el mes de septiembre cuando a raíz de la publicación de la lista de aportantes a la campaña electoral de Juntos Somos Bariloche en 2015, varias personas negaron haber realizado aportes. Un hombre incluso llegó a denunciar que figuraba su esposa que había fallecido un año antes de la campaña.

El caso ameritó una denuncia del Frente para la Victoria. “Presentar aportantes falsos nos da la posibilidad de pensar que el origen de los fondos que fueron volcados a la campaña electoral de Gennuso, es ilegítimo”, sentenció en ese momento el legislador Alejandro Ramos Mejía que impulsó la denuncia.

En un primer momento, el fiscal Guillermo Lista inició una causa de oficio y habilitó un formulario para que personas que desconocieran ser aportantes de la campaña de Juntos Somos Bariloche, se sumaran a la denuncia.

Días después, Arroyo se declaró incompetente al considerar que la denuncia que diera inicio a la investigación “hace referencia a conductas específicamente reguladas por el Código Electoral y de partidos políticos”. De esta forma, remitieron el caso a la Justicia Electoral.

El Tribunal Electoral, sin embargo, consideró que los hechos “no encuadran en la categoría de los delitos electorales” en tanto se investiga “una falsificación de constancia de aportes, la apropiación de identidad y también el origen del dinero aportado a la campaña”.

Agregó como un elemento a evaluar que “el responsable de la rendición de los ingresos y gastos de campaña, es decir el administrador de campaña, es considerado un funcionario público por lo tanto es el Código Penal de la Nación quien prevé los delitos cometidos por esta figura”.

Pese a que los hechos denunciados se dieron en el contexto de los aportes de una campaña electoral, especifica el fallo del Tribunal, “importan una conducta propia del ámbito penal, en tanto refieren a fraguar, adulterar o falsear documentación y con ello, tiende a defraudar, simular o beneficiarse patrimonialmente o perjudicar a otra persona”.

En otro fragmento, agrega “el haber utilizado identidades robadas para confeccionar la lista de aportantes para la campaña política del 2015, se avizora la impertinencia de su encuadre en el marco de la competencia asignada por disposición legal a este tribunal”.

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El Tribunal Electoral cree que los hechos “no encuadran como delitos electorales” ya que se investiga una falsificación, que sería del ámbito penal.

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El Tribunal Electoral cree que los hechos “no encuadran como delitos electorales” ya que se investiga una falsificación, que sería del ámbito penal.
$510.000
de 213 aportantes a la campaña 2015 declaró Juntos Somos Bariloche. La denuncia pone en duda varios donantes.

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