Investigación de “Río Negro” abre polémica en Chubut

Es sobre las arenas para fracking de Dolavon. Medios y políticos hurgan en los números del negocio y buscan explicaciones sobre los escasos beneficios para esa región. También hay dudas sobre el impacto ambiental.

13 mar 2018 - 10:47

¿Qué beneficio deja realmente a Chubut la extracción de arenas silíceas que van a Vaca Muerta? ¿Qué dinero perciben los municipios involucrados y la provincia? ¿Cuánto empleo local genera la planta de Dolavon? ¿Es o no contaminante el traslado y procesamiento de miles de toneladas de mineral? La reciente investigación de “Río Negro” sobre las arenas de fracking abrió un agudo debate político y ambiental en la vecina provincia.

El trabajo puso en evidencia los vínculos comerciales de dos conocidos actores en el negocio de las arenas codiciadas por las perforadoras: Guillermo Coco, ex ministro de Jorge Sapag, y Ángel Salazar, ex concejal de Rincón de los Sauces y socio del intendente Marcelo Rucci. El informe integra una investigación más amplia que demuestra cómo un selecto grupo de empresarios, gremialistas y políticos, vinculados estrechamente entre sí y con suficiente poder e influencia, no pierden oportunidad de participar de cuanto nicho económico existe alrededor de la actividad hidrocarburífera y logran direccionar los negocios hacia determinadas empresas (en gran medida YPF).

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Ni bien se conoció la publicación de las arenas, medios audiovisuales, gráficos y sitios web del Chubut replicaron su contenido e impulsaron un debate que se encontraba latente desde hace un tiempo bajo un dilema central: ¿la actividad de la planta de Dolavon es mero extractivismo sin derrame económico regional?

Sectores políticos vinculados al fallecido gobernador Mario Das Neves se pusieron a indagar inmediatamente sobre los números de la empresa Grupo Arenas Patagónicas (integrada por Transportes Rada Tilly de la familia Peralta y Shale Kompass de Salazar, Coco y otros socios neuquinos) y su real impacto tributario en las localidades donde se extrae el recurso y en la provincia en general.

Omar Burgoa, intendente del pueblo chubutense 28 de Julio, jurisdicción de las canteras, reafirma en estos días su indignación por el hecho de que las arenas salen en bruto de la región sin dejar beneficios a las poblaciones.

Tanto Burgoa como los sectores del dasnevismo tienen sospechas de que los montos de impuestos que paga la empresa por su actividad son exiguos.

El intendente hace notar que no existe claridad sobre la magnitud del canon que recibe la provincia. Está seguro de que su localidad no obtiene un centavo de regalías y cree que la vecina Dolavon (donde está localizada la planta) apenas logra 100.000 pesos mensuales en concepto de tasa municipal. Hay, además, desconocimiento sobre los montos que se erogan en concepto de Ingresos Brutos.

Burgoa también tiene certezas de que la empresa tributa por su negocio sobre la base de un valor de arena de calidad inferior (categoría 3, como la que se usa en la construcción) y no por la que verdaderamente se extrae (de categoría uno, correspondiente a silíceas). Y recuerda que esta categorización “absurda” fue avalada por el gobierno provincial durante la gestión Buzzi. Presume que el perjuicio es también para la Afip.

Burgoa saca cuentas y se irrita más: “Cada camión cargado con 30 toneladas contiene un producto por un valor de aproximadamente 10.000 dólares. Salen 50 camiones por día, es decir 500.000 dólares (10 millones de pesos). Aun deduciendo costos operativos, sueldos “para apenas 25 empleados”, etcétera, ¡es muchísimo dinero! Tengamos en cuenta además que el material sale puro de la mina y no se transforma, como el ladrillo por ejemplo. Sólo se refina. Esta gente tiene que tributar por el mineral que realmente está extrayendo”, enfatiza.

“Shale Kompass no es dueño”
La otra gran incógnita que intenta despejar “Río Negro” es: quién o quienes han sido los reales inversores de la planta de arenas. En una corta comunicación telefónica con este diario, Mario Peralta -titular de Transportes Rada Tilly- aseguró ser (su familia) único dueño e inversor de establecimiento. De hecho este diario pudo saber que la empresa factura con la razón social Transportes Rada Tilly y no como Grupo Arenas Patagónicas. No obstante, en la página web del emprendimiento se deja en claro que el negocio se desarrolla bajo esta última denominación, con dos sociedades integrantes: Rada Tilly y Shale Kompass.
Sostuvo que Shale Kompass “hace sólo la gestión de comercialziación” y por ese concepto se le paga una remuneración. Peralta estaba a punto de viajar al exterior y aceptó mantener una entrevista a su regreso para responder las dudas.
¿Arenas contaminantes?
La polémica también adquirió un costado ambiental. En el Concejo Deliberante de Rawson se aprobó días atrás un pedido de informes para intentar saber si la explotación de arenas silíceas provoca algún impacto negativo en el medio ambiente y la salud, así como cuáles son los planes de contingencia y medidas de prevención existentes.
La voz cantante fue del concejal Sebastián Curtale (del PJ), quien se basó en advertencias del geógrafo Roberto Ochandio y del Investigador de la Problemática Ambiental, Pablo Landa. Los especialistas sostienen que “la explotación de las arenas pondría en riesgo las aguas del río Chubut en su curso inferior aumentando considerablemente su turbiedad y la capacidad del lecho en el transporte de sus caudales”. Y ratificaron tales sospechas en “la existencia de antecedentes, a nivel mundial, de enfermedades provocadas por explotaciones de similares características”.
El ministro de Ambiente de Chubut, Ignacio Agulleiro, buscó llevar inmediatamente tranquilidad. En declaraciones publicadas por El Diario de Madryn, aseguró que la planta de Dolavon es monitoreada todos los meses por técnicos ambientales y “los valores de partículas que pueden producir silicosis se encuentran incluso por debajo de los parámetros que Marca la Organización Mundial de la Salud”. No obstante, señaló que se incrementarán los controles con la instalación de un punto fijo de monitoreo del aire, para que “todos los habitantes puedan quedarse tranquilos sobre la calidad del aire que respiran”.

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