La estrategia del municipio para impugnar la cautelar por el cerro Catedral

La estrategia del municipio para impugnar la cautelar por el cerro Catedral

El gobierno municipal evalúa la estrategia judicial para impugnar la medida cautelar que impuso la Justicia para que no realice modificaciones en el contrato de concesión del cerro Catedral.

El ataque judicial de los legisladores y concejales del Frente para la Victoria a la prorroga del contrato del cerro en manos de la empresa Catedral Alta Patagonia, fue promovido a principios de año -antes de la sanción de la ordenanza que ratifica la renovación contractual- y hace alusión a la Resolución 6961 firmada por el intendente Gustavo Gennuso en diciembre que ratifica el acta de intención de prorrogar el contrato hasta 2056.

A pesar de que hasta ayer el municipio no había sido notificado de la medida adoptada en un fallo dividido con los votos de los jueces Emilio Riat y Edgardo Campera, y el rechazo de Carlos Cuellar, el gobierno activó su equipo legal para cuestionar la decisión judicial y una vez que sea notificado tiene solo tres días para hacerlo.

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Mientras que continúa el plazo de 30 días para responder por el planteo contencioso administrativo, que es la resolución de fondo que deben dar los jueces.

Natacha Vázquez, asesora legal del municipio, dijo que “se toma una decisión por un acta de intención, desconociendo que la ordenanza ya había sido votada”.

Ese sería un punto a cuestionar en la impugnación de la medida cautelar. Para Vázquez el acta de intención firmada a fines de noviembre entre Gennuso y Capsa “está abstracta porque quedó subsumida dentro de un proyecto legislativo y que tiene diferencias sustanciales entre lo que era el acta de intención original y lo que finalmente fue sancionado, promulgado y publicado como Ordenanza N° 2929”.

“Parece un poco abstracta la medida cautelar en algo que incluso no tiene vigencia”, insistió Vázquez a “Río Negro” y remarcó que ese acta en la ordenanza final sancionada tras una doble lectura a mediados de marzo, “no es más que un antecedente”.

La abogada municipal indicó que antes de esta decisión judicial, por esta causa, no se corrió vista al municipio, algo que los mismos jueces hicieron con el recurso de amparo presentado por vecinos autoconvocados para frenar el contrato hasta que se resuelva la iniciativa popular impulsada con 3.354 firmas.

El jefe de Gabinete, Marcos Barberis, atacó la decisión de la Justicia de “intervenir en una decisión política” y enumeró que la prórroga del contrato con Capsa tuvo un extenso proceso administrativo con una audiencia pública, más de cien reuniones de concejales con organismos e instituciones y la sanción de una ordenanza por mayoría y en doble vuelta.