La Justicia quiere que los docentes expliquen cómo recuperarán contenidos

Los vocales gremiales y de la comunidad rechazaron el pedido de la jueza de Zapala Gloria Martina. Además acusaron al gobierno de incumplir con lo acordado.

Los vocales gremiales y de la comunidad del Consejo Provincial de Educación (CPE) rechazaron el pedido de la jueza de Familia, Gloria Martina, quien intimó al organismo y al Distrito Educativo de Zapala para que informe en un plazo de diez días la modalidad en la cual se recuperarán los contenidos pedagógicos perdidos durante el paro docente. La medida abarca a todos los establecimientos zapalinos de nivel inicial, primario, secundario y terciario.

El planteo está vinculado a una presentación que realizó la defensora de los derechos del niño y el adolescente, Paula Castro Liptak, durante el desarrollo del conflicto entre el gobierno y el gremio ATEN. En caso de incumplimiento, la magistrada advirtió que se aplicará una multa diaria al CPE.

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Martina también instó al gobierno provincial y al gremio ATEN a que “en lo sucesivo aborden la cuestión salarial en forma oportuna y asertiva, en modo acorde a un regular ejercicio de los intereses en pugna, con respetuosa preservación del interés superior de los niños y adolescente destinatario del derecho a la educación”.

Por su parte los vocales afirmaron que ninguna escuela debe responder al pedido ya que exigencia fue enviada al Cuerpo Colegiado y que sólo deben cumplir con la resolución firmada a la finalización del conflicto, que estableció el trabajo institucional para el recupero de contenidos.

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Además, los vocales cuestionaron que “no es la Justicia quien debe evaluar los contenidos pedagógicos sino que esta es una facultad exclusiva del CPE como lo establece la Constitución Provincial y la ley 242.”

Los integrantes del Cuerpo Colegiado también acusaron al gobierno de incumplir con lo acordado en la mediación donde se estableció que luego de la suscripción del acuerdo “no podrán ser utilizadas cuestiones vertidas en este proceso para cualquier tipo de sanción penal o administrativa” a la vez que rechazaron “el intento de intimidar a lxs compañerxs con amenazas de sanciones económicas.”


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