La Justicia rionegrina pidió el doble de presupuesto para el año que viene

La Justicia rionegrina requirió 5.120 millones de pesos para funcionar en 2019, según el presupuesto ya presentado en la Legislatura.

Esa solicitud duplica la disponibilidad asignada para este año y, seguramente, el requerimiento del Superior Tribunal de Justicia -según su acordada N° 12 del 12 de octubre pasado- tendrá un fuerte recorte en la discusión legislativa, con aportes del propio gobierno como Poder Administrador.

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El número del presupuesto de la Justicia totaliza 5.120.124.000 pesos, incluyendo una partida de 1.680.747.000 del Ministerio Público, que explica su aumento del 60% en relación a su solicitud de 2018 en la reestructuración por las reformas Procesal Penal.

Como es habitual, la partida de la Justicia constituye la apertura de la discusión provincial del próximo presupuesto. Economía ya recopila objetivos y números de los organismos del Ejecutivo y, simultáneamente, lo mismo ocurre con la Legislatura y órganos de control. El cierre y aprobación del presupuesto nacional conformará el lineamiento definitivo para Río Negro, esencialmente, en referencias a los recursos.

Un número para comparar: durante todo 2019, las regalías petroleras alcanzarán 5.400 millones, un número muy cercano al presupuesto solicitado por el STJ.

El STJ afirma que su presupuesto tiene gastos estimados de manera prudente y moderada, optimizando el aprovechamiento de los recursos materiales y del factor humano del que se dispone. Luego, afirma que se continúa previendo fondos para el Reforma Procesal Penal por las erogaciones que demandará la puesta en marcha del sistema de juicios por jurados, cuya vigencia está programada a partir del 1 de marzo de 2019.

También, resalta la previsión de cobertura de vacantes de magistrados, funcionarios judiciales y de ley, algunas ya con concursos del consejo de la Magistratura, sin culminar aún el proceso de designación. Entiende que esas partidas son de “ineludible asignación” porque deviene de imperiosa efectivización para el sostenimiento del servicio de administración de justicia y no puede brindarse adecuadamente sin las designaciones pertinentes.

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Recuerda tres creaciones judiciales todavía sin puesta en funcionamiento, como los juzgados de Allen (Familia), de Jacobacci (Civil) y de Los Menucos (Civil). Ademas se alude a la operatividad de la Oficina Judicial de San Antonio, de distintas secretarias de los juzgados de Familia y, entre otros, coberturas de cargos en Informática y Gestión Humana.

Por otra parte, el presupuesto establece “obras edilicias” como las construcciones de la Ciudad Judicial de Cipolletti; los complejos de Regina, San Antonio, Jacobacci y diferentes adecuaciones.