La vida de los que construyen su casa al margen del Estado

El que espera, desespera y más cuando la necesidad es grande. En Río Negro hay 146 tomas a regularizar. Cipolletti (36), Bariloche (27) y General Roca (14) tienen las más grandes. En ellas miles de familias esperan la propiedad de las tierras, gestionan sus servicios por fuera del Estado y al costado de las ciudades.

“Río Negro ”estuvo la toma 29 de septiembre de Bariloche en la viven 300 familias de nacidos en la ciudad y otros llegados de Buenos Aires, Bolivia, Paraguay y Colombia. Le piden al municipio no sólo los reconozca como interlocutores, sino que “regularice o expropie” las tierras.

En General Roca, varias familias hacen crecer al barrio Fiske Menuco hacia la barda, en una nueva toma que llamaron La Lomita. Con la gestión popular, lograron hacer el tendido eléctrico, el gas no llega y cada garrafa se cuesta 260 pesos que no alcanzan en invierno.

En barrio Obrero, en la zona norte de Cipolletti, una de sus habitantes cuenta cómo llegaron ahí hace una década de la mano de los punteros políticos de turno y luego quedaron solos, con su lucha.

En un momento en que las noticias muestran títulos esperanzadores para los 4.100 barrios irregulares que existen en el país, en las tomas algunos creen en un mejor destino y otros permanecen indiferentes, cansados de decepciones.

El mes pasado, el Senado convirtió en ley un proyecto para declarar de “utilidad pública” y sujeto a expropiaciones, las tierras en las que se asientan tomas, asentamientos o villas de emergencia. A su vez, la ley suspende los desalojos por cuatro años y establece que el 25% de las obras a realizarse sea en manos de las cooperativas de trabajo.

El proyecto fue impulsado por organizaciones sociales como la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

La iniciativa abarca los terrenos que cubren una superficie de 415,5 kilómetros cuadrados, donde están localizados los asentamientos urbanos precarios, con el objetivo de entregarles a sus habitantes los certificados de vivienda familiar. Para ello, deberán contar con la participación obligatoria de las provincias y municipios involucrados.

El gobierno tomó el tema en el año previo a las elecciones, en un contexto económico de crisis . El tratamiento de la ley es un gesto de alta visibilidad política frente a las negociaciones con las organizaciones, pero a diferencia del financiamiento social directo, no genera un compromiso de inversión a corto plazo.

Para los que esperan, la expropiación como única forma de acceder a la tierra puede redundar en procesos largos, judicializables y poco eficientes pero la ley puede tener un efecto inmediato en el freno a los desalojos.

El tratamiento de una ley es un gesto de alta visibilidad política en las negociaciones con las organizaciones, pero la solución puede llevar tiempo.

La autogestión reemplazó a la asistencia oficial

Lorena Valdez y sus seis hijos forman parte de una de las 57 familias que en 2009 levantaron los primeros ranchos de lo que hoy se conoce como barrio Obrero, en la zona norte de Cipolletti. El asentamiento que se divide en A y B hoy cuenta con 622 familias. A nueve años de la primera casilla de maderaque se armó recuerda como la autogestión reemplazó al Estado “ausente”.

Hoy el horizonte del barrio se avecina alentador tras la declaración de utilidad pública sujeta a expropiación que promulgó la Legislatura provincial este año y que involucra a otros cuatro asentamientos. Pero antes de este logro hubo un camino largo y complejo.

“No fue fácil, la relación con los gobiernos de turno siempre fue compleja. Recién ahora estamos empezando a tener respuestas a algunas demandas, pero sin luchar y movilizar no se consigue nada”, asegura Lorena que es una de las cuidadoras del jardín comentario del barrio que atiende a 32 niños entre 1 y 4 a años en el corazón del barrio.

Las calles frágiles y curtidas por el castigo de las lluvias muestran rápidamente las dificultades de vivir en un barrio irregular. Unos metros sobre el nivel de las calzadas aportan más datos; el cableado desprolijo, amontonado sobre postes que apenas se mantiene en pie muestra la irregularidad de los servicios. La falta de agua cloaca y gas completan el escenario. Pero a eso se le suma la falta de políticas de inclusión para los chicos. En el barrio no hay espacios verdes, no hay jardines estatales, ni colegios. Solo actividades gestionadas por los referentes barriales.

A la lucha social para tener atención de los gobiernos de turno se les suma la pelea por sacar a los pibes de las drogas, a “correr” a los “tranzas y narcos” del barrio, a sacarlos de las esquinas. “No queremos que los chicos hagan esquina, intentamos generar espacios en el barrio, hablar con las familias, pero muchos depende de cada uno”, asegura Lorena.

Lorena cuenta que llegaron barrio por los punteros políticos de turno. “Nos dijeron que tomemos ese predio, éramos 57 familias, pero después la relación se fue desgastando”.

En 2009 el intendente de Cipolletti era el actual gobernador Alberto Weretilneck. Lorena asegura que el actual mandatario provincial se comprometió a darles terrenos en la zona noroeste pero “eso nunca ocurrió”.

“La relación con él (Weretilneck) fue muy mala, nos discriminó. Nos habían prometido terrenos y planes de viviendas y nunca se hicieron. Al tiempo a los punteros los corrieron del barrio”.

“Estamos empezando a tener respuestas a algunas demandas, pero sin luchar y movilizar no se consigue nada”.

Lorena Valdez, barrio Obrero, Cipolletti

Viviendas sobre las bardas, donde sólo vive el viento

En Las Lomitas, arriba del barrio Fiske Menuco, el viento promete llevarse puestas diez o doce casillas de madera y barro. Sobre la tierra dura en la que solo crecen jarillas y pichanas hay algunas cuchas de perros flacos y las casas de cantonera comienzan a ser revestidas con ladrillo de cemento. Una dentro de la otra, como muñecas rusas.

Es un día de semana por la mañana y pocos están en la toma. Frente a los ingresos, un camión del municipio llena un tanque de agua del que sacan todos los vecinos. Fransisco tiene 30 años y aprovecha a llenar una pileta pelopincho chica. Comenta que no es solo para bañarse si hace calor, sino para reservar agua.

Su familia está conformada por su mujer y cuatro hijas de 11, 7 4 y 3 años. Antes vivían en el barrio Malvinas. Pagaron alquiler por cinco años, pero sostenerlo cada vez se hacía más dificil. Escuchó por ahí que estaban tomando terrenos y se animó a ir, aunque el invierno amanazara.

“Nos metimos acá hace dos años. Como está la situación no se puede alquilar. Nunca me anoté en vivienda porque yo trabajo en negro y no tengo papeles que te piden. Y comprar un terreno o una casa es un sueño, pero imposible”, dice .

Desde arriba, se ve el gran barrio Fiske Menuco que se formó hace 15 años sobre tierras fiscales. Hoy suman unos 1.500 vecinos que se organizaron para conseguir agua potable, gas y luz. Elaboraron la cartelería con los nombres de las calles y consiguieron para los chicos clase de rugby, fútbol y vóley. Lo hicieron solos y enseñaron cómo hacerlo a los que vinieron después.

Al nuevo sector, Francisco fue uno de los primeros en llegar. Tenían miedo que los desalojen pero había que intentarlo. Dicen que les costó un ojo de la cara.

“Dicen que esto es de La Colonia Penal, así que tenía miedo que nos vengan a sacar pero nunca se acercó nadie a decir nada por suerte”.

Primero consiguió las maderas, después por medio del municipio consigió el hormigón para hacer una platea. Le puso techo de chapa. Según Fransico trabajó muy duro en su casa, pero también lo hicieron en el barrio. “Vendíamos pollo, empanadas para juntar plata para el tendido público. Algunas personas nos dieron una mano para conseguir los cables a precio costo, igual que los postes. Hicimos las instalaciones entre nosotros”.

Fiske Menuco, a la vera de la barda de Roca, es un barrio formado por una ocupación, hijo de las necesidades y carencias y padre de nuevas tomas.

En el Senado

“De acá no nos van a sacar: la tierra no se entrega”

La toma 29 de Septiembre está en plena Pampa de Huenuleo. El nombre hace referencia a la fecha en la que se afincaron, hace siete años. En un comienzo eran 10 familias. La opción de sumarse cundió “boca en boca” y hoy son alrededor de 300, entre los que hay docentes, policías, enfermeras, trabajadores de la construcción y gastronómicos, como es el caso de Patricia.

Patricia Millalonco está en la toma “desde la primera semana” y hoy es la principal referente. Dice que su impulso fue el de pelear por el derecho al hábitat y está orgullosa de los logros conseguidos, como el acceso a la electricidad mediante tableros comunitarios, el plan de pago para los cables, la apertura de calles colecta mediante y calificaron para el ser incorporados al plan Calor.

Asegura que no se piensan ir, a pesar de las presiones del dueño. La aspiración es que el municipio no sólo los reconozca como interlocutores, sino que “regularice o expropie” las tierras. Patricia asegura que el 90% de los habitantes tienen trabajo, aunque sea temporario, y están dispuestos a pagar sus lotes “a precio accesible”.

Ella llegó en 2011 desde el barrio San Francisco III, donde vivía en la casa de su madre. Tiene tres hijos (el menor de 15 años) y hoy dedica parte del día a distribuir ayuda social y atender demandas de sus vecinos.

“Acá al principio se presentó Mauro González, cuando era concejal, con la abogada Roxana Abdala y nos quería sacar porque decía que usurpamos tierras que eran del proyecto Jardines de Valle Azul”, cuenta Patricia. “Pero no usurpamos nada. Cuando llegamos no había alambrado, postes, ni cartelería. Tenemos fotos”, agrega.

Después surgió el reclamo de Jorge Balbañán Torres, quien se presentó como propietario y propuso un plan para que le devuelvan la franja de tierra lindante con la ruta (la más valiosa) y urbanizar el resto. Le dijeron que no. Según Millalonco, “el hombre vive en Buenos Aires y nunca mostró títulos”.

Balbañán sería dueño de una de las dos parcelas ocupadas, la otra pertenece, al parecer, a dos hermanas y a un juez del fuero local.

Patricia dice que su caso es similar al de muchos. Vivían apretados en viviendas de sus padres y encontraron en la toma de tierras la única solución. “Yo terminé acá por no tener acceso a la vivienda digna. Me anoté en el Instituto Municipal, me anoté en un plan del sindicato gastronómico, pero nunca tuve respuesta”, asegura.

Los vecinos de la 29 de Septiembre tienen una historia de lucha que incluye cortes de ruta y movilizaciones hasta la intendencia para reclamar por los servicios. Patricia dice que la carencia más grande que tienen hoy es el acceso al agua.

Quieren instrumentar un sistema como el que les permitió acceder a la luz para el agua, con tableros comunitarios y cables financiados por el Municipio.