Nadie paga la deuda económica y moral con los cesanteados en la dictadura

“No es tanto por la plata. Es por lo que uno tuvo que sufrir. Hubo un daño moral muy importante y esa reparación que se anunció con tanta fuerza lleva casi tres años entre promesa y promesa”.

El que habla es Eduardo Abel Argentino Franco, vecino destacado en Roca por su trayectoria en el ámbito educativo y social.

En 1976 y bajo acusaciones sin fundamento, el gobierno militar desplazó a Franco de su puesto en el área de Minoridad y Familia.

Historias similares cuentan Héctor Fernández, quien trabajaba en el Ministerio de Agricultura y Ganadería; Juan Carlos Domínguez, extrabajador del IPPV y Roberto Quintremán, quien se desempeñaba en el Poder Judicial cuando empezó la dictadura.

Y como ellos, 60 rionegrinos ya completaron todos los trámites establecidos luego de la sanción de la Ley 5.042, que el 29 de mayo del 2015 formalizó el pago de una indemnización para aquellos estatales que fueron cesanteados sin causa hace 42 años.

Los cuatro roquenses contaron a “Río Negro” que fueron unos 1.000 los exempleados que se inscribieron en los registros oficiales para acceder al beneficio.

Entre ellos, el 6% ya tiene número de expediente y monto definido a cobrar, pero a pesar de los constantes reclamos en el área de Financiamiento del Ministerio de Economía, la reparación no se hace efectiva.

“Llamamos todas las semanas y nos tienen a las vueltas. El problema es que se aprobó una ley con mucho contenido político, pero sin presupuesto”, indicaron los vecinos roquenses.

También recordaron que plantearon personalmente el problema al gobernador, Alberto Weretilneck, y al vicegobernador, Pedro Pesatti. “Hemos tenido paciencia y queremos agotar el trámite por la vía administrativa. No queremos llegar a la Justicia”, mencionaron.

El otro límite que marcaron tiene que ver con la metodología de pago.

Al tanto de la posibilidad de que las reparaciones se liquiden en bonos, el grupo de exestatales rechazó ese mecanismo, advirtiendo que “los plazos originales eran de 60 días y estamos hablando de un sector con gente mayor, incluso con muchos compañeros enfermos”.

Sin plazos

“Río Negro” preguntó a funcionarios del gobierno provincial sobre el pago a los cesanteados en la dictadura y –como en anteriores consultas– se indicó que aún no hay plazos de cancelación. No obstante, se recordó que las partidas están incorporadas en el presupuesto 2018.

Cuando se llevó adelante el debate legislativo, Economía informó sobre la asignación de 700 millones, pero luego la Secretaría de Derechos Humanos habló de 70 millones. Ese contraste todavía no se resolvió.

Se sabe que el pago se concretará con bonos. Incluso, se alude a la necesidad de la elaboración de una norma para esa emisión y cancelación, lo cual explica la indefinición de plazos gubernamentales.

“Les pedimos al gobernador y al vicegobernador que cumplan con lo prometido. ¡Vamos a terminar cobrando en el cementerio!”.

Juan Carlos Domínguez, uno de los 130 roquenses que se anotó en el registro.

“Hemos tenido paciencia y queremos agotar el trámite por la vía administrativa. No queremos llegar a la Justicia”.

Eduardo Franco, desplazado en 1976 del área de Minoridad y Familia.

Un largo recorrido para un reconocimiento que no llega

Rubén Escobar es un exdocente que en los albores de la dictadura militar fue dejado cesante por el entonces gobernador de facto Aldo Luis Bachmann. Aún guarda el original del Decreto N° 978.

Ahora, su expediente se encuentra en los primeros lugares para cobrar la indemnización pero “no hay novedades”, según las averiguaciones propias que hizo ante distintos organismos de la Provincia ya que ningún funcionario se ocupó de atenderlo.

Contó a “Río Negro”, paso a paso, todos los trámites que tuvo que hacer para estar en la nómina.

Indicó que el año pasado presentó la copia de ese Decreto y las certificaciones en Derechos Humanos, luego se remitieron a la Secretaría de la Función Pública, y que posteriormente el expediente se trasladó al Ministerio de Economía a fines de diciembre pasado sin ningún tipo de observaciones.

“Ahí –apuntó– hice unas consultas derivándome a la Secretaría de Financiamiento donde logré saber que estoy entre los primeros, que los fondos pasaron al Presupuesto 2018, pero no pudieron decir cómo, cuándo y cuánto (voy a cobrar)”.

Escobar hizo mención a que “nadie lo llamó” para ayudarlo con los trámites y que además no tuvo eco en la Unter cuando se le pidió a este gremio que incluya como bandera de reclamo la situación de los cesanteados.

El legislador Marcelo Mango (FpV) pidió al Poder Ejecutivo la reglamentación de la norma que crea un Registro Provincial de Reparación Histórica, que aún no tiene mayores avances.

El legislador consideró que “conlleva perjuicio a numerosos trabajadores que están en situación de acceder a la reparación votada por unanimidad, pero debido a la inacción del gobierno provincial en cumplir con la Ley, se les priva de ella”.

de mañana habrá un acto en plaza San Martín de Cipolletti. A las 10 se iniciará una radio abierta en el mismo lugar y desde las 11 se movilizarán.

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la previa del día de la memoria, por la verdad y la justicia