Once años después, la causa por los remedios oncológicos llega a juicio

El expediente por las presuntas irregularidades con medicamentos para pacientes con cáncer se reactiva. Hoy será la audiencia previa al debate oral y público. La investigación surgió porque se compraron drogas al sector privado pero luego los pacientes recibieron otras que estaban en el stock de Salud Pública.

12 jul 2018 - 00:00

La investigación judicial por la compra de parte del Estado de drogas oncológicas para pacientes que no las recibieron ingresará finalmente en su etapa decisiva. Será hoy, cuando se cumpla la audiencia previa al juicio oral y público.

La causa inicial tenía dos imputados, pero la exagente estatal Sandra Riquelme aceptó un juicio abreviado y fue condenada a dos años de prisión en suspenso, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ocupar cargos públicos.

La etapa procesal pendiente está enfocada en el médico viedmense Rubén Kowalyszyn, jefe del Programa de Control de Cáncer en Río Negro durante la década pasada.

Con once de años de idas y vueltas para el trámite, este juicio por la provisión de medicamentos oncológicos tiene su inicio previsto para fines de este año.

Un delicado equilibrio

La asistencia estatal para los pacientes con cáncer siempre constituye un entramado complejo, por su necesaria urgencia y sensibilidad en la respuesta y el alto costo de esos medicamentos.

Durante los últimos años, el Ipross y Salud entregan esas drogas a partir de licitaciones de “provisión abierta”, con una previsión de costo anual por encima de los 350 millones de pesos.

El caso que llegó a la Justicia tuvo su origen en el 2007. El expediente plantea que Kowalyszyn habría autorizado pagar una factura a la droguería Gavazza por medicamentos oncológicos, invocando la urgencia para dos pacientes. Sin embargo, luego se constató se les suministraron drogas existentes en Salud Pública. Aquel desembolso fue de 38.542 pesos. En el presente, esa adquisición rondaría los 400 mil pesos.

En la investigación penal, la conducta delictiva imputada es “peculado” y, en ocasión de ratificar los procesamientos, la Cámara afirmó que las dos pacientes recibieron la medicación del stock de la droguería de Salud, desconociéndose el destino aplicado a los medicamentos facturados.

El juez de instrucción fue Carlos Reussi, quien entendió que la acción de Kowalyszyn (y también de Riquelme) habría “resultado idónea para sustraer del ámbito y finalidad que tenía esa medicación dentro de la Administración Pública, provocando un perjuicio patrimonial”.

La investigación se originó con una denuncia formalizada por el entonces fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz. En su inicial resolución, Reussi entendió que la misma fue acreditada porque “los imputados sustrajeron los medicamentos que se hallaban en el depósito, maniobras se ven corroboradas por las pruebas”.

El valor actualizado
400.000
pesos cuestan hoy los remedios comprados en el 2007 a una droguería.
La exagente Sandra Riquelme aceptó un juicio abreviado por la misma causa y fue condenada a dos años de prisión en suspenso.

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