Silencio

Plan Castello: ¿Qué destino tendrá el dinero que no se usa?

La disparidad entre montos estimados con las adjudicaciones, la reciente devaluación y el rechazo de los proyectos por algunos intendentes derivaron en importantes sumas de dinero que, por el momento, no tienen destino específico.

01 jun 2018 - 00:00

La negativa municipal a la aceptación de los créditos, la disparidad entre los montos estimados con las adjudicaciones formalizadas y la reciente devaluación del peso anticipan la necesidad de una menor cantidad de fondos de lo que originalmente fue el proyecto del plan Castello.

Haciendo una relación lineal con aquellas tres variables, la cifra que quedaría sin destino estaría en los 1.700 millones de pesos.

Sin embargo, este monto no computa la redeterminación de los costos, que posiblemente presenten las empresas al gobierno tras la disparada del dólar, ni las licitaciones pendientes sobre los que ya el gobierno provincial anticipó que deberán reajustarse sus presupuestos.

El sobrante de fondos y su nuevo destino debe resolverse en una comisión legislativa, con el dos tercio de los votos. Eso ya presupone una disputa en la definición de las nuevas obras a incorporar, a partir de los proyectos que quedaron postergados, porque el gobierno de Río Negro suspendió la segunda colocación de los bonos en dólares.

El remanente, en estas primeras trece licitaciones, se ubicaría en algo más de 70 millones de dólares, sin computar la redeterminación de costos de estos proyectos. Pero el gobierno minimiza semejante cifra e insiste en esperar la evolución de las licitaciones que se siguen demorando.

Hay dos vías que alimentó este excedente. La primera: sólo ocho de los 39 municipios aceptaron el crédito ofrecido por la provincia, liberando alrededor de 10 millones de dólares. Unos 250 millones de pesos para el “fondo provincial” para redistribuir la Comisión legislativa. Sobre esta cifra sí hay consenso con el oficialismo. La segunda: del remanente –que ubican entre 1.400 y 1.500 millones– originado en las menores adjudicaciones y futuros contratos con las empresas en comparación a los presupuestos iniciales realizados por Obras Públicas (ver infograma).

En la última semana, el justicialista Javier Iud –que forma parte de la Comisión– estimó este valor en unos 1.400 millones. Lo ejemplifica bien con un dato: en el Parque Tecnológico de Bariloche se hizo una reserva y presupuesto por 30 millones de dólares, y la adjudicación estará en 10 millones. Ese legislador aclara que su “aporte” tiene el propósito para que “la Comisión y la provincia puedan adelantarse en priorizar y resolver qué vamos a hacer con lo que sobra”. Argumentó que, a seis meses de las licitaciones, se abrieron 13 procesos y se firmaron dos contratos. “Sería saludable empezar a discutir y no dejar paralizada esa plata, pues se está pagando un interés del 7,75% anual”. Relativizó su propio monto porque estimó que “sería mayor después de las licitaciones” pendientes, siempre considerando su previsión en la ley Castello.

Paños fríos al tema

Por su parte, desde el oficialismo aseguran que es “apresurado” hacer este tipo de cálculos ya que la distorsión de precios relativos, que generó la reciente devaluación, afectará toda la estructura de costos y eso deberá ser compensado en los años que dure la obra a ejecutar (ver recuadro con entrevista al ministro Domingo).

La disponibilidad se incrementó esencialmente con la devaluación, considerando que la mayor parte del producto de la colocación de los bonos de Río Negro, de fines de noviembre, continúa en dólares. Este resguardo llega a los 202 millones, por lo cual, la diferencia por la devaluación del peso es de 1.414 millones de pesos (en diciembre, con el dólar a 18 pesos, la provincia disponía de 3.636 millones de pesos y llega a 5.050 millones, con la cotización a 25 pesos). Falta el interés del 2% anual de esa colocación en dólares. El resto del atesoramiento se registra en Lebac, con una tasa suficiente para compensar la inflación existente.

El incremento del valor de la moneda estadounidense registró una contracara para Río Negro, que derivó en la determinación del gobernador Alberto Weretilneck de suspender “por ahora” la colocación de los otros 280 millones de dólares.

Además, hay cautela gubernamental y cierto grado de hermetismo sobre el remanente final que podría quedar disponible para otras obras. El ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, hombre clave en la definición de los presupuestos para estás obras, se llamó estos días al silencio.

El gobernador ordenó –inicialmente– apurar la firma de contratos para evitar sorpresas y advierte que las licitaciones pendientes de esta primer etapa –por cierto, demoradas– implicarán otros costos y podrían requerir del sobrante en análisis.

Por caso, la recién convocada licitación del edificio del Ipross salió con un presupuesto de 4,6 millones de dólares (unos 116,5 millones de pesos) cuando la estimación definida en la ley fue fijada en 3 millones de dólares (75,9 millones de pesos).

Otro miembro del cuerpo, Jorge Ocampos, también reclama resolver el destino del remanente, solicitando que se convoque a la Comisión legislativa y recordando que le corresponde a su presidente, el legislador oficialista, Alejandro Palmieri.

El legislador del bloque ARI-Cambiemos propone esa convocatoria para “definir la distribución del remanente”, la cual, estimó “no menor a los 1000 millones de pesos, unos 40 millones de dólares, ya tomando todos los recaudos técnicos, en resguardo de las actualizaciones de costos, que deberán realizarse en función de la aceleración inflacionaria prevista”.

Resaltó que “el dinero está disponible y cuanto más eficientes y ágiles seamos en el proceso de priorización, licitación y adjudicación, mayor será la inversión en infraestructura y el beneficio logrado”. Aún sin precisar el número final, el excedente abre expectativas y disputas para lograr financiar obras relegadas, pues dependían de la segunda colocación de títulos.

Unos 25 proyectos quedaron postergados, sin fecha, entonces cada intendente, legislador o referente pretende colocar su pospuesta construcción en el listado adicional.

La Comisión de “Priorización de Inversiones”, integrada por 11 legisladores, será la encargada de establecer el destino del monto que quede. Las pretensiones o anuncios se suceden. Weretilneck prometió en Río Colorado que sumaría la pavimentación del camino a Colonia Juliá y Echarren. En el último debate de la Comisión se incluyó la Estación Transformadora de Conesa, pedida por el gobierno provincial, y se puso atención en la defensa aluvionales de Campo Grande (solicitada por Ariel Rivero) o la construcción de la boca toma en el río Negro para Guardia Mitre y el plan director de Maquinchao (anotada por Soraya Yauhar).

“La Comisión y la Provincia pueden adelantarse en priorizar y resolver qué vamos a hacer con los fondos que sobran”.
Javier Iud,
legislador del FpV
“Segunda etapa plan Castello no habrá por ahora. Sería un mal negocio para la Provincia teniendo en cuenta las tasas que hoy se cobran”.
Alberto Weretilneck,
gobernador de Río Negro
“El dinero está disponible, y cuanto más ágiles seamos en el proceso de priorización mayor será la inversión y el beneficio logrado”.
Jorge Campos, legislador de CC-Cambiemos
Dato
7,75%
es la tasa anual, en dólares, que está corriendo por el dinero que ya fue otorgado para el plan Castello.
159
son los millones de dólares disponibles para la concreción de las 13 obras que comprenden el plan.
Domingo estima que “no va a sobrar mucho”
Economía no quiere hablar de sobrante “hasta no ver la película completa”, en referencia a las licitaciones pendientes de la primera etapa y la reestructuración de costos que se va a plantear en los años de ejecución.
El ministro Agustín Domingo estima que “no va a sobrar mucho” según “nuestros números y los costos proyectados” por los organismos ejecutores. “Río Negro” no pudo hablar con su par de Obras Públicas, Carlos Valeri, que es quien maneja la estructura de costos de cada una de las obras. Nunca contestó los llamados.
Aún esa aseveración, Domingo no quiso realizar estimaciones del remanente porque “todavía faltan algunas licitaciones importantes”, aludiendo a la mano de obra del gasoducto de la Línea Sur o la planta cloacal de Viedma. “Hay que ver toda la película y, después, sacar los números”, insistió.
Reconoció que el producto de la colocación de Río Negro de sus bonos sigue en dólares y otra parte en Lebacs aunque, en defensa de su argumento, insistió que falta definir las “re-determinaciones o adicionales por imponderables”, asegurando que las ejecuciones tienen plazos promedio de dos años.
El único “sobrante claro” corresponde a los 10 millones de dólares de los municipios que no quisieron el préstamo, pero también lo relativizó porque la Comisión de Priorización ya lo enfocó para los planes directores que quedarán por construir.
En el diálogo con “Río Negro”, el titular de Economía se focalizó en las actualizaciones de costos futuros que gestionarán las constructoras y, en cambio, minimizó la revalorización del depósito existente, mayormente en dólares, frente a los presupuestos en pesos. Domingo insistió en “esperar las licitaciones que quedan para recién disponer de la cantidad que quedaría” para nuevas construcciones.
Ocho municipios aceptan el crédito
Hasta ayer, 26 municipios presentaron su documentación y proyectos para acceder al plan Castello. Los primeros 15 recibirán sus fondos en la próxima semana (entre 4 y 8 de junio), totalizando unos 150 millones de pesos.
De ellos, sólo dos aceptaron aceptar la parte que equivale a crédito y ese número crecerá a ocho cuando se complete la totalidad de la nómina de gobiernos comunales. En concreto, quienes accederán al préstamo en dólares son Huergo, Catriel, Cipolletti, Los Menucos y, también, Bariloche, El Bolsón y Jacobacci, que informaron pero aún no elevaron sus presentaciones. Además, de esos tres municipios, tampoco entregaron sus documentaciones Darwin, Fernando Oro, Maquinchao, Campo Grande, Cordero, Lamarque, Pomona, San Antonio, Viedma y Regina. Quedan –puntualmente– trece municipios por formalizar sus proyectos.

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