Por acuerdo entre Buenos Aires y Nación buscan enviar más presos a Senillosa

El Servicio Penitenciario Federal busca duplicar la capacidad en uno de los pabellones de la cárcel de Senillosa mediante la instalación de camas cucheta en celdas unipersonales. Se trata de una estrategia para descomprimir la situación de hacinamiento del sistema penitenciario bonaerense a partir de un “reacomodamiento” en los complejos de Ezeiza, Marcos Paz y Senillosa.

Ayer se realizó una audiencia con el director general del SPF, la Procuración Penitenciaria y las defensorías federales en el contexto de un hábeas corpus para evitar el traslado de 156 nuevos presos al pabellón de agresores sexuales. El viernes, el juez federal Gustavo Villanueva prohibió “preventivamente” el alojamiento compartido en las celdas unipersonales y dispuso el cese de las obras de reacondicionamiento en ese sector.

La cárcel neuquina actualmente alberga a 535 internos -su capacidad es de 404- y, de aprobarse la ampliación de plazas, pasaría a tener unos 700, “más que todo el sistema provincial”, detalló el integrante de la Comisión de Cárceles de la Defensoría General de la Nación, Pablo Matkovic.

“No tiene sentido firmar un convenio para incorporar presos cuando el sistema ya está en crisis. Hay un estándar de habitabilidad que deben cumplir y, a primera vista, poner a dos personas por celda no lo cumple”, indicó.

El funcionario judicial detalló que el SPF “tiene una superpoblación del 7%”. El último informe de Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) cuantificó el déficit de plazas en 444 en todo el país. Matkovic señaló que el acuerdo firmado entre el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano con su par de Buenos Aires, Gustavo Ferrari, “implicaría absorber presos de la órbita bonaerense e incorporar 3.000 presos a la superpoblación que ya tiene el SPF”. “A partir del 1 de enero van a incorporar 1.000 presos bonaerenses a los complejos N°1 de Ezeiza, N°2 de Marcos Paz y N° 5 de Senillosa. Para eso dispusieron aplicar un protocolo que inventaron para que, en el lugar donde entra una persona, haya dos”, planteó.

Los que se pretenden trasladar a Senillosa en el marco del llamado “Operativo Cordillera” corresponden a detenidos de la órbita federal, mientras que en los otros dos penales se incorporarían internos bonaerenses.

“Ya ni siquiera hablamos de condiciones de trabajo, salud, educación, sino de condiciones mínimas de habitabilidad de la celda con las que una persona debe estar presa”, dijo el defensor.

“Lo que termina pasando es que se llenan las cárceles pero sin dinero para brindar los derechos que la ley pide garantizar a los presos. La agenda del respeto a los derechos humanos acá no está”, evaluó.

El propio ministerio de Justicia de la Nación reconoció que el sistema penitenciario de Buenos Aires tiene unas 10.000 personas detenidas por sobre su cupo. Según los cálculos del CELS, el déficit alcanza las 23.000 plazas. Las especulaciones políticas atribuyen el convenio para “reacomodar” detenidos fuera de las cárceles de la provincia a la necesidad de ayudar a la gobernadora María Eugenia Vidal con la crisis carcelaria.

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