Pozos petroleros abandonados: resistencia a cumplir la ley

La conciencia de que un pozo inactivo es una bomba de tiempo para el medio ambiente y los habitantes (¡y aquí estamos hablando de 3.000 pozos!), llevó al Estado a legislar para obligar a las empresas a declarar los 31 de enero de todos los años cuántos pozos de petróleo y gas inactivos van a abandonar.

Así nace la Resolución 05/96 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece la metodología para el sellado.

En la región sólo lo imita el gobierno neuquino. La gestión Sobisch sacó diez años después –en setiembre de 2006– el decreto 1631/06 que ordena requisitos minuciosos para el abandono y determina plazos. Pero no fija sanciones.

Años después, en 2012, el Ministerio de Energía neuquino sacó la disposición 029 que regula la actividad de aquellos pozos utilizados para la extracción asistida (inyectores) y para los sumideros. Aquí sí se habla de sanciones, pero todavía no se aplican.

El legislador neuquino Alejandro Vidal (UCR) viene reclamando sin éxito desde noviembre de 2015 que den a la Legislatura información precisa sobre cantidad de pozos inactivos (en zonas urbanas, cultivadas y desérticas) y los abandonados temporaria y definitivamente.

Para la presente investigación, las autoridades de Energía de Río Negro y Neuquén accedieron a brindar la última información disponible con disímil grado de precisión.

¿Cumplen las empresas todas estas normas? Hasta cierto punto, como se describió.

¿Es débil entonces la autoridad de aplicación? Nuestros gobiernos lo niegan con énfasis. No obstante es palpable –sobre todo en los últimos años– la merma en el ritmo de los abandonos, la anteposición de excusas técnicas para no hacerlo y la escasa o nula propensión a aplicar sanciones en casos de incumplimientos.

Sin dudas resultará gravoso e incalculable el precio de la inacción, no sólo de las operadoras sino también de nuestras provincias que asignan áreas, cobran regalías y tienen la potestad de exigir y controlar, obligándose a resistir presiones de las operadoras o la siempre latente posibilidad de recibir dádivas, muy tentadoras en los tiempos electorales.

Investigación

80.000 dólares mínimo es lo que cuesta sellar cada pozo. Máximo: u$s 500.000.