Prohibieron la megaminería en San Martín

La ordenanza fue votada por todos los concejales. Fue una iniciativa de la Asamblea Socioambiental.

20 nov 2015 - 23:00

SAN MARTÍN DE LOS ANDES (ASM).- El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la prohibición en todo el ejido municipal de la actividad de minería metalífera en la modalidad “cielo abierto” y en todas las etapas, tales como cateo, prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de minerales. Los ediles también prohibieron desde ayer para todo el ejido y en todas sus modalidades y etapas, la actividad de minería de uranio, torio, cianuro y mercurio. Además, se prohibe el uso, producción, comercialización, acopio, circulación y transporte de sustancias tóxicas, ecotóxicas, carcinogénicas y/o explosivas destinados a esas actividades. El proyecto fue presentado por los Bloques Une, Surco y FpV y surgió de la Asamblea Socioambiental de San Martín de los Andes (Assma), en sintonía con el rechazo que un proyecto megaminero generó en la localidad de Las Coloradas. La Assma reunió más de 1.000 firmas en apoyo de la iniciativa. De este modo San Martín se sumó a iniciativas similares ya aprobadas en Loncopué, Las Coloradas, Aluminé y Junín de los Andes. Varios miembros de las organizaciones ambientales de aquellas localidades participaron de la sesión de ayer, junto con los representantes locales de la Asamblea Socioambiental. Las comunidades mapuches de la región, sobre base de la consulta realizada en el marco de la Mesa de Protocolo Intercultural de San Martín, también hicieron llegar su rechazo a las distintas modalidades de extractivismo. A su turno, una de las integrantes de las organizaciones ambientalistas, Bibiana Muñoz, calificó la aprobación de la ordenanza sanmartinense como un “hecho histórico” para la ciudad. En relación con los impactos negativos en el ambiente de la actividad de minería a cielo abierto, se sostiene que “han sido suficientemente documentados, tanto en nuestro país como el resto del mundo”. Entre otros menciona que la minería metalífera a cielo abierto “demanda enormes cantidades de agua y contamina frecuentemente las cuencas hídricas con metales pesados y sustancias químicas como el cianuro, sumado a una cantidad de desechos”. Además, dice, el agua, principal insumo en el proceso extractivo, “es obtenida de ríos y acuíferos cercanos a los proyectos a razón de cientos o miles de litros por segundo. Esta información es suministrada por las mismas empresas mineras cuando solicitan su uso a las autoridades. Este cuantioso empleo de agua como recurso natural está lejos de ser considerado racional en términos de nuestra legislación ambiental”. Advierte sobre la contaminación por drenaje ácido, que consiste en presencia de pirita (sulfuro de hierro), mineral que queda acumulado en las escombreras y diques de colas, y que bajo determinadas condiciones se transforma en ácido sulfúrico, que es lixiviado por la lluvia. Se cita el artículo 41 de la Constitución nacional que establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

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