Retirados policiales movilizados y denunciando su situación terminal

Una asamblea de retirados y jubilados policiales decidió salir a manifestar por las calles de esta capital su descontento por falta de respuestas del gobierno provincial por falta de pago en término de haberes, el desconocimiento de otros derechos salariales y ante la “situación apremiante” de los pensionados.

“Estamos desamparados, en el abandono, la desidia y discriminación”; denunció Marta Moyano, presidenta del Centro de Retirados y Jubilados de la Provincia de Río Negro, quien encabezó una nutrida manifestación de afiliados que llegaron a Viedma desde distintos puntos de la Provincia”.

Acompañada por los retirados Luis Patiño de General Roca, Aldo Muñoz de Cipolletti; entre otros, lograron ser escuchados por funcionarios de la Legislatura Provincial que los recibieron en la vereda del edificio gubernamental.

Allí, se les planteó a los secretarios Daniel Ayala (Parlamentario) y Oscar Porro (Administrativo) que “existen problemas de liquidación de haberes” como consecuencia de que recién tras el cobro de aumento de los activos, se envía la comunicación a la Unidad de Control Previsional (UCP) y luego a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con una tardanza de seis meses en percibirlos.

En un petitorio entregado en ese cuerpo, y en el Poder Ejecutivo provincial; reclaman la falta de diálogo en virtud de que el representante en la Oficina de Retirados del Ministerio de Seguridad, Héctor Cope, “no soluciona nada”.

Entre las quejas figuran la falta de liquidación de los juicios por haberes mal liquidados, entablados en 2009, y que tienen sentencia firme por un total de 22 millones de pesos, pero que “el gobierno se niega a pagar”.

Señalan que tres veces, funcionarios del gobierno provincial asumieron el compromiso de resolver el pago del concepto por extensión horaria, y que “las promesas quedaron truncas por decisión de cuadros intermedio del staff de funcionarios”.

En cuanto a los pensionados, denunciaron que “la situación apremiante” obedece que “un gran número de ellos, perciben haberes por debajo del monto establecido por el gobierno como valor de la canasta familiar”.

Luego de que Ayala y Porro recibieron el petitorio en nombre del vicegobernador Pedro Pesatti, otro de los manifestantes les expresó que las sumas fijas “atentan contra la normal prestación de los servicios de las obras sociales” porque no inciden sobre los ingresos de cada entidad.