totalizaría el monto de la indemnización a cesanteados. En la actualidad ese valor está fijado en 10.700 pesos.

Río Negro no tiene fecha de pago a los cesanteados por la dictadura

Hace tres años que llevan esperando esa compensación prometida por el gobierno provincial. Hay 287 expedientes en trámite.

13 oct 2018 - 07:00

El gobierno rionegrino quedó acorralado ante la promesa de pago incumplida hasta el momento a los cesanteados de la dictadura militar que llevan tres años esperando esa compensación. Durante la última reunión de la comisión legislativa de Derechos Humanos, el secretario provincial del área, Duilio Minieri, no pudo precisar cuando ocurrirá ante una pregunta de legisladores y representantes de los despedidos.

Además los asistentes al encuentro tomaron conocimiento que a medida que pasa el tiempo se van reduciendo los presupuestos. El año pasado, el Ejecutivo anunció que el monto indemnizatorio estaba dentro de una partida de 700 millones de pesos, luego se redujo a 70 millones, y al parecer en la actualidad son 10 millones de pesos.

Minieri apareció solo en la reunión lo que provocó algunos lamentos entre los asistentes porque la presidenta de ese cuerpo especial, Silvia Paz, había comprometido la presencia de Mónica Silva, la ministra de Educación que tiene a Derechos Humanos bajo su órbita.

El secretario explicó al auditorio que hay 287 expedientes en trámite que se encuentran en distintos estados de avance y que en la actualidad, ante la existencia de un nuevo decreto, el 949/18, una comisión se encuentra revisando los expedientes y actualizando los dictámenes.

Ante una pregunta de la legisladora Graciela Holtz ( Frente para la Victoria), sobre cuantos expedientes estaban al cobro, el funcionario no pudo dar precisiones; tras lo cual su colega Marcelo Mango criticó la forma en que se implementó la ley N° 5.042 que da lugar a esos reconocimientos.

Si bien nada se dijo en ese marco, la norma aprobada en 2015 fue objeto de una segunda reglamentación por parte del Ministerio de Economía tratando de sacar del padrón de posibles beneficiarios del cobro a quienes no se encuadran dentro del beneficio.

Raúl Martínez –del mismo bloque– le reclamó a Minieri una actitud distinta por parte del gobierno y aseguró que existe falta de celeridad, predisposición y voluntad política.

Oscar Zapata (UPCN), que integra una comisión de despedidos del Instituto de Promoción y Planificación de la Vivienda (IPPV), le solicitó el máximo esfuerzo posible para que los pagos se concreten.

El monto indemnizatorio estaba dentro de una partida de $ 700 millones, luego se redujo a 70 millones y ahora son 10 millones.
Viedma

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