Rojas podría ir a juicio por malversación y abuso de autoridad

El jefe comunal de Dina Huapi, Danilo Rojas, se presentó hoy con un defensor particular para la audiencia de formulación de cargos. La denuncia se realizó en 2016.

Rojas podría ir a juicio por malversación y abuso de autoridad

El intendente de Dina Huapi, Danilo Rojas, que llegó a su segundo mandato bajo el sello del Pro, se presentó hoy en la audiencia de formulación de cargos por la presunta malversación de fondos públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público una denuncia que en 2016 realizó el Tribunal de Contralor de la ciudad.

Rojas fue denunciado junto a su exsecretario de Obras Públicas, Carlos Morazzani, por irregularidades en la contratación y ejecución de una bicisenda ubicada a la vera de la ruta nacional 40.

El Tribunal de Contralor en pleno (incluidos los representantes del mismo partido de Rojas) radicó la denuncia penal que luego promovió el fiscal Guillermo Lista, por eso el organismo de control se presentó hoy como querellante con la representación legal de Alejandro Schunder, mientras que el intendente es representado por el abogado particular Sebastián Arrondo.

En la audiencia las partes presentaron las pruebas y el caso a la jueza Romina Martini para la formulación de cargos. La magistrada ordenó 4 meses para llevar a cabo la investigación.

La investigación judicial que se inició dos años atrás motivó en su momento un allanamiento en la municipalidad de Dina Huapi para la recolección de documentación, además de la citación de testigos.

En la Justicia existen dos denuncias que vinculan la misma obra por malversación y por abuso de autoridad. Se investiga las presuntas irregularidades en la compra de materiales que no eran necesarios para la obra como el caso de hierros que según se reveló hoy, habrían sido destinados al gimnasio de Dina Huapi.

Además se lo acusa al intendente por la contratación directa en la construcción de la segunda etapa de la bicisenda que tenía un presupuesto de 280.000 pesos. Según la normativa local, el municipio puede realizar contratación directa solo por obras cuyo valor ascienda hasta 93.000 pesos, para el resto se debe concretar concurso de precios.

El fiscal Guillermo Lista alegó que “se dictaron tres resoluciones en el 2015 autorizando a Tesorería a librar el pago por 84.000 pesos, 91.000 pesos y 78.000 pesos en concepto de la mano de obra para la segunda etapa. Se hizo una partición del monto. Pero además, los involucrados dictaron otra resolución por 35.000 pesos para la compra de 470 barras de hierro pero esos materiales no fueron destinados a la obra ya que no lleva hierro de ningún tipo. Ese material fue destinado a ampliar la confitería de un polideportivo”.

Y enfatizó: “Hay una doble connotación: haber desviado bienes del erario público municipal y además, hay una posible sustracción de caudales”.

El abogado defensor Sebastián Arrondo pidió el sobreseimiento de Rojas y Morazzani y la prescripción del juicio por el vencimiento de los plazos que fue rechazado por Martini.


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