Vista Alegre reaviva una vieja puja por la legislación petrolera

La ordenanza antifracking aprobada en Vista Alegre fue la primera en ser atacada judicialmente por la provincia. Allí, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) deberá definir si el municipio tiene competencia o no para legislar en esta materia. Sin embargo hay otras localidades que avanzaron en normas similares de prohibición que siguen vigentes.

El caso más emblemático es el de Loncopué. El 3 de junio de 2013 se realizó en la localidad, ubicada a 300 kilómetros de la capital, un referéndum popular en el que el 83% de la ciudadanía votó a favor de un proyecto de ordenanza que impide la explotación a cielo abierto de minerales de la primera categoría y el empleo de técnicas de lixiviación.

El referéndum le cerró la puerta a la instalación de un emprendimiento de cobre en el paraje Campana Mahuida. El gobierno provincial, a través de la empresa estatal Cormine, impulsó una medida cautelar para impedir la consulta, sin embargo la sala procesal administrativa del TSJ habilitó el proceso. El propio Jorge Sapag, mandatario de entonces, tras los resultados dijo que la consulta no tenía carácter vinculante.

El 28 de octubre de 2013 el TSJ volvió a rechazar una cautelar contra la ordenanza que convocó al referéndum, esta vez, presentada por la fiscalía de Estado. “No se encuentra demostrado, con la meridiana claridad requerida, que la ordenanza 1054/12 viole el orden constitucional que ha sido invocado y, por ello, se impone desestimar la medida cautelar de “suspensión”, manifestaron los vocales.

El caso zapalino

En Zapala hay una resolución del Ejecutivo municipal que protege el acuífero. “Acá se vedó el desarrollo de toda la actividad hidrocarburífera convencional y no convencional en el ejido. El sistema hidrogeológico nuestro excede el ejido, por eso estamos insistiendo tanto en declarar al acuífero como área natural protegida que es un proyecto que todavía continúa el diputado Raúl Podestá”, aseguró la intendenta de la ciudad, Soledad Martínez.

Respecto de la controversia que existe en este tema entre los municipios y la provincia, Martínez sostuvo: “los municipios tienen plena autonomía, lo que a mí me parece respecto de algunas cuestiones es que tiene que haber cierto nivel de concertación con la provincia en la medida que la exploración del recurso hidrocarburífero, como de otros recursos, es de potestad provincial”.

El número

El caso de la mina de cobre en Campana Mahuida y la protección del acuífero de Zapala son dos ejemplos de una pelea legal por el manejo de los recursos.