Amparo para vecinos de Bariloche

Mediante un recurso de amparo, la defensora del pueblo, Nilda Nervi, solicitó a la Justicia de Bariloche que ordene a la junta vecinal Casa de Piedra que conecte al servicio de agua potable a varios usuarios incluidos en su área, a los que querían cobrarles 5.000 pesos.

Mediante el amparo, Nervi de Belloso solicitó al titular del Juzgado de Instrucción Penal Nº 2 que intervenga en forma directa, ordenando a la junta vecinal la inmediata conexión al servicio de agua potable a los usuarios del área, en las condiciones y calidad fijadas en las leyes regulatorias de la actividad. La presentación se efectuó en defensa de los vecinos del sector, a quienes se les requiere la suma de cinco mil pesos para acceder al suministro, fundado en un acta interna de la Junta sin los debidos controles del Estado.

En los considerandos de su presentación ante la Justicia, la defensora expresó que «pretende la junta motu proprio, y desoyendo las intimaciones del ente regulador, derribar todo el andamiaje jurídico que regula el servicio, fijando una tarifa de acuerdo a criterios internos, ajenos al control del estado y de los particulares, violentando principios rectores del estado de derecho.»

Indicó Nervi que la junta vecinal «desconoce su especial condición de monopolio natural destinado a satisfacer una necesidad colectiva mediante un especial régimen que lo regula, potestad estatal de control vigente aun en las prestaciones realizadas 'de hecho'».

Expresó que «la demora injustificada de la junta vecinal en proveer el servicio de agua potable a los vecinos y el incumplimiento de las leyes provinciales 3.183 y 3851 que regulan ese servicio, afecta directamente el derecho a la salud, derecho humano básico reconocido expresamente en pactos y tratados internacionales incorporados en nuestra Constitución Nacional a través del artículo 75 inc.22. También la Constitución provincial en su artículo 59 consagra: «la salud es un derecho esencial y un bien social que hace a la dignidad humana… Incluye el control de riesgos biológicos y socio-ambientales de todas las personas desde su concepción, para prevenir la posibilidad de enfermedad o muerte por causa que se puede evitar…»

Concluyó Nervi de Belloso, que «es imperativo de la Defensoría del Pueblo la defensa de los derechos y garantías constitucionales de incidencia colectiva aquí comprometidos, como lo es el acceso a un servicio público básico que repercute en forma directa en la salud de la población», lo que la lleva a recurrir a esa instancia en procura de medidas de carácter urgente que aseguren el cumplimiento de las normas legales.