Ampliaron la acusación contra el senador Gallia

NEUQUEN (AN)- La fiscalía anticorrupción amplió sus denuncias contra el senador peronista Sergio Gallia, investigado por irregularidades cometidas durante su paso por la intendencia de Plottier. Según trascendió, encontró más elementos para imputarle retiro de fondos sin justificación o para pagar trabajos que no fueron realizados.

Hasta ahora Gallia no fue indagado, pese a que el primer pedido de la fiscalía para que lo citen es de agosto del año pasado. Cuando trascendió la imputación, Gallia se bajó de su candidatura a gobernador. Luego se sumaron más pedidos, el último hace pocos días.

Las desventuras para el senador comenzaron apenas dejó la intendencia en manos de la emepenista Pilar Gómez, quien designó al abogado Enrique Argüello para que revisara todos los papeles. Encontró, según la denuncia que dio origen al proceso, que Gallia «había sustraído fondos municipales para destinarlos a su campaña política». También lo acusó de dejar deudas vinculadas con la construcción de la terminal de ómnibus, esa que inauguró en pleno período electoral (el gobernador Sobisch siempre le reprochó que no lo invitó al acto).

La fiscalía de Delitos contra la Administración Pública que comanda Pedro Telleriarte descubrió que Gallia, su parienta Ana María Gallia (por entonces, secretaria de Hacienda del municipio) y Antonio Carnovale (de Gobierno) habían retirado fondos por 61.100 pesos «con la alegada finalidad de transferirlos a otra cuenta, depósito que nunca se efectuó». Por eso los acusó de «peculado y falsedad ideológica de instrumento público» y solicitó que los llamen a indagatoria. La causa está en el vacante juzgado 4 esperando resolución.

De acuerdo con la acusación de la fiscalía, a la que accedió «Río Negro», los funcionarios imputados cubrían las formalidades con órdenes de pago apócrifas.

Una de las maniobras detectadas fue el supuesto alquiler de un vehículo para traslado de personal a Kevin Johnatan Guerrero. Cuando lo citaron a declarar, el testigo reconoció haber firmado el contrato «a pedido de Ana María Gallia, quien arregló todo», dice el informe de la fiscalía, «pero no cobró las sumas que en él se indican, ni la de 7.700 pesos que figura en el cheque, ni ninguna otra, ni alquiló en realidad el vehículo».

Guerrero dijo que «desde 2001 cobra un subsidio de 150 pesos del plan Trabajar» y «el tema de los contratos se hacía para de una manera quedar contactados laboralmente con la municipalidad, para que luego del recambio de autoridades se pudiera seguir trabajando allí».

Otro testigo citado por la fiscalía es Miguel Mariescurrena, empleado d Contaduría del municipio. Declaró que «aunque le dijeron que los pagos se hacían únicamente con cheques en realidad todo se pagaba en efectivo y en la orden de pago no se consignaba esta circunstancia».

Añadió que «algunos proveedores ingresaban directamente por las oficinas en lugar de hacerlo por mostrador, y en muchas ocasiones la directora le indicaba que por orden de Ana María Gallia debía pagársele sin cumplimentar la documentación». Recordó «entre esos casos irregulares el de Raúl Carranza, el de una mujer de apellido Burgos que cobraba en nombre de 'Mercados y Estrategias' y el de una o dos personas más cuyo apellido ignora, a quienes les dio el efectivo, firmaron el vale y después se llenaron las órdenes, sin agregar facturas ni pedidos».