Regulan la relación sociedad-empresas

Los ediles de Bariloche dieron el visto bueno tras un año de análisis

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio contará ahora con un marco normativo específico para “fomentar y facilitar” la responsabilidad social y ambiental de las empresas, de acuerdo a una ordenanza aprobada ayer por iniciativa del Partido Provincial Rionegrino. El proyecto estuvo en tratamiento durante más de un año y medio y sufrió notorios cambios, que podaron del original un régimen de certificaciones y beneficios para las empresas cumplidoras. El contenido que perduró es meramente declarativo. Aun así la votación fue dividida y tres ediles sobre diez se pronunciaron en contra, convencidos justamente de que si la intención es encuadrar ciertos comportamientos empresarios, el aporte de la ordenanza será nulo. El texto formula el programa municipal de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria y designa como autoridad de aplicación a la subsecretaría de Desarrollo Económico. Esa repartición tendrá el cometido de elaborar informes anuales sobre la situación de las empresas en relación a la RSE, ponderar los progresos y “valorar el cumplimiento de los aspectos propuestos por el municipio”. La subsecretaría tendrá también la misión de fijar “indicadores que permitan la objetiva evaluación y valoración de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas”. El autor de la ordenanza, Daniel Pardo, dijo haber recogido experiencias en otras localidades como Buenos Aires y Rosario y destacó que el objetivo fue el de “propiciar otro vínculo entre la sociedad y las empresas”. Pardo agradeció “la voluntad de apoyo” a su proyecto y reconoció que “a veces con justicia fue tildado de ingenuo”. De todos modos, defendió el criterio de eliminar premios y no fijar conductas obligatorias, “porque sería ir en contra del concepto de responsabilidad social”. Explicó que “el beneficio será para la sociedad y el camino es menos espectacular” que el pretendido, pero lo importante es abrir un camino para “involucrar al Estado” en la promoción de la RSE. Alfredo Martín (FG) votó a favor, pero aclaró antes que tenía “dudas” sobre los verdaderos alcances de la RSE y dijo que descree de “la posibilidad de cambiar con estas prácticas el sistema de plusvalía y acumulación de capital”.


SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El municipio contará ahora con un marco normativo específico para “fomentar y facilitar” la responsabilidad social y ambiental de las empresas, de acuerdo a una ordenanza aprobada ayer por iniciativa del Partido Provincial Rionegrino. El proyecto estuvo en tratamiento durante más de un año y medio y sufrió notorios cambios, que podaron del original un régimen de certificaciones y beneficios para las empresas cumplidoras. El contenido que perduró es meramente declarativo. Aun así la votación fue dividida y tres ediles sobre diez se pronunciaron en contra, convencidos justamente de que si la intención es encuadrar ciertos comportamientos empresarios, el aporte de la ordenanza será nulo. El texto formula el programa municipal de Responsabilidad Social y Ambiental Empresaria y designa como autoridad de aplicación a la subsecretaría de Desarrollo Económico. Esa repartición tendrá el cometido de elaborar informes anuales sobre la situación de las empresas en relación a la RSE, ponderar los progresos y “valorar el cumplimiento de los aspectos propuestos por el municipio”. La subsecretaría tendrá también la misión de fijar “indicadores que permitan la objetiva evaluación y valoración de las condiciones de equidad y sustentabilidad social, ambiental, económica y financiera que asumen las empresas”. El autor de la ordenanza, Daniel Pardo, dijo haber recogido experiencias en otras localidades como Buenos Aires y Rosario y destacó que el objetivo fue el de “propiciar otro vínculo entre la sociedad y las empresas”. Pardo agradeció “la voluntad de apoyo” a su proyecto y reconoció que “a veces con justicia fue tildado de ingenuo”. De todos modos, defendió el criterio de eliminar premios y no fijar conductas obligatorias, “porque sería ir en contra del concepto de responsabilidad social”. Explicó que “el beneficio será para la sociedad y el camino es menos espectacular” que el pretendido, pero lo importante es abrir un camino para “involucrar al Estado” en la promoción de la RSE. Alfredo Martín (FG) votó a favor, pero aclaró antes que tenía “dudas” sobre los verdaderos alcances de la RSE y dijo que descree de “la posibilidad de cambiar con estas prácticas el sistema de plusvalía y acumulación de capital”.

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