Reimpulsan el cobro compulsivo de impuestos

VIEDMA (AV).- El cobro compulsivo de impuestos podría reactivarse a partir de un proyecto de ley presentado por el bloque legislativo de Encuentro. Esto fue advertido por el Director General de Rentas, Graciano Bracalente, quien buscó diferenciarse de esa iniciativa sosteniendo que hay normativa como para acotar el cobro y que no llegue a los empleados, sobre todo a aquellos que están peleando una recomposición salarial.

La iniciativa opositora que recientemente tomó estado parlamentario prevé retener las alícuotas de patentes, inmobiliario y planes de pago de los haberes percibidos por funcionarios del Poder Ejecutivo rionegrino y legisladores.

También incluye a miembros de las sociedades del Estado, gerentes y jefes de área, interventores y todo aquel cargo que esté incluido en la nómina de autoridades de la provincia de Río Negro.

En el caso de la Legislatura comprenderá a funcionarios, secretarios de bloques y todo aquel cargo que esté incluido en la nómina de autoridades de la provincia como los adscriptos.

Las retenciones se realizarán de forma automática por sistema de descuento por códigos y a las personas que acrediten bienes a su nombre.

Podrán retenerse de las remuneraciones percibidas por haberes o dieta la suma informada por la Dirección General de Rentas a pedido de la Secretaría Ejecutiva de la Función Pública.

Encuentro argumentó que se trata de una «obligación» del Estado corregir conductas u ofrecer herramientas para que el impuesto sea fácilmente abonado por el contribuyente, pero «en el caso de aquellos cuyos haberes o dieta se erogan de las arcas del propio Estado, es éste quien deberá implementar los mecanismos para que dicho aporte sea automático y más cuando, a legisladores y funcionarios de la provincia, les incumbe responsabilidad docente frente al pago de los impuestos».

Aclararon que «este criterio de automaticidad desprende una regla de uniformidad para todos aquellos que tengan relación de dependencia, pero sabido es que este Estado tiene una deuda con los trabajadores estatales y debido a que la emergencia económica declarada hizo que éstos sufrieran descuentos y perjuicios» por lo tanto «la uniformidad no es, en este caso, justa al aplicarse».

A su turno, Bracalente alertó que más preciso es aún el decreto-ley Nº 9 de 2001 que impone un piso en haberes brutos por 1.200 pesos.

Insistió en que la diferencia entre este proyecto y la normativa vigente es que el primero lo hace compulsivo y «si tenemos que hacernos cargo nos van a obligar con esto a todo el mundo».

Insistió en que la actual configuración es más precisa porque pagan los que deben hacerlo y hay débitos automáticos «voluntarios» pero no es para todos los empleados que están buscando una recomposición salarial.