Reivindicaciones para mas de 36.000 ex agentes de YPF

Cipolletti

Más de 36.000 ex agentes de YPF que mantenían relación de dependencia con esa empresa desguazada por privatizaciones al uno de enero de 1991, pese a su inclusión en el plan de propiedad participada, y los procedimientos administrativo de cobro de determinadas sumas, “aún no tienen solución ni cumplimiento por los legítimos derechos que les corresponden”, dijo el presidente del MPP y diputado provincial Elvi Cides en una rueda de periodistas realizada en el bunker de calle Saenz Peña.

Por ello informó sobre la presentación de una inquietud parlamentaria planteando a la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento de un proyecto de ley vinculado al reconocimiento por parte del Estado Nacional de indemnización a favor de los ex agentes ypefianos.

Destacó Cides que la ley de Reforma del Estado, la 23.696, y sus modificatorias, incorporó a la legislación positiva los denominados programas de propiedad participada, donde se dispuso la transformación en sociedad anónima de YPF.

También por ley se resolvió que el capital social de YPF estuviera representado en distintas clases de acciones, atribuyendo la clase “C” a las que adquiriera el personal de la empresa, hasta el diez por ciento del capital social, bajo el régimen de propiedad participada de la ley 23.696, la que a su vez estableció que cada adquirente participase individualmente en la propiedad del ente a privatizar.

“En 1997 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó un procedimiento de cancelación del saldo de precio y venta de las acciones clase C de YPF Sociedad para los empleados adherentes al programa de propiedad participada que se encontraban activos. Esto dejó fuera a unos 36.000 agentes que mantenían relación de dependencia al uno de enero de 1991 y cuya inclusión en el programa de propiedad participada por fin fue reconocida por otra ley. Sin embargo, tanto esta ley como los diversos procedimientos administrativos de cobro que por resoluciones y decretos se fueron dictando con posterioridad, no dieron solución, ni efectivo cumplimiento a los derechos de estos trabajadores”, enfatizó.

Por todas estas particularidades Cides consideró de “extrema necesidad” la sanción de la ley para una solución integral que abarque todos los procedimientos a seguir “sin un marco de discrecionalidad que pueda tornarlos programáticos, y sin dispersión normativa”, estableciendo “una indemnización acorde que no dependa de formulismos que puedan tornar arbitrarias las liquidaciones y que sean otra excusa para demorar los expedientes de los trabajadores”.

Agencia Cipolletti


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