Relatora contra la trata pidió prohibir prostíbulos

Los cabarets, salas de masajes, whiskerías o cualquier otra denominación que se dé a los prostíbulos deberían ser prohibidos por las provincias de Río Negro y Neuquén, según la recomendación formulada por la relatora especial de ONU sobre Tráfico y Trata de Personas, Joy Ezeilo. La funcionaria instó también a tener “tolerancia cero” con aquellos funcionarios gubernamentales y judiciales que estén directa o indirectamente relacionados con el crimen organizado vinculado a la trata de personas, “iniciando causas judiciales ejemplificadoras”. Por esto, instó a denunciar a cualquier funcionario que intentase legalizar la prostitución ajena por medio de una ley provincial o ordenanza, a capacitar a policías y agentes de salud y de trabajo para identificar el delito y prevenirlo, y a operadores judiciales para combatirlo. Pidió que en Neuquén el gobierno “tome seriamente” al Consejo de Actuación contra la Trata de Personas e informe sobre su acción, que la Legislatura de Río Negro apruebe pronto una ley contra la trata, “considerando que la crónica ha demostrado el grado de complicidad existente dentro de la provincia con redes del crimen organizado vinculados a la trata de personas”. El Centro de Derechos Humanos del Comahue saludó la resolución emitida por la Relatoría Especial de la ONU, que incluyó diez recomendaciones para el gobierno de Argentina y otras siete específicamente para Neuquén y Río Negro. Joy Ezeilo visitó el país en setiembre pasado, interiorizándose de la situación, tras lo cual emitió el pasado 1 de junio el informe en Ginebra. En él señala que, si bien el país ha hecho avances significativos, sus esfuerzos no son lo suficientemente efectivos para prevenir, combatir y asistir a víctimas del delito de la trata de personas, por lo cual, dichos esfuerzos han fracasado. Advierte que “aumentó la trata laboral y sexual” y la trata de niños, especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa, indicando que Argentina se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de ese delito. Consideró alarmante la impunidad, y objetó la “pobre coordinación” entre organismos nacionales y provinciales y la escasez de recursos destinados a prevenir y combatirlo, así como la inadecuada protección a las víctimas y a las instituciones que las asisten. Señaló la corrupción policial y la falta de capacitación de los inspectores laborales para combatir la trata para explotación laboral. En cuanto a la persecución a jueces que investigan estos delitos, citó la situación que vivió la jueza Marisa Bosco -de Valle Medio- cuando investigó en 2007 la vinculación de policías en la trata de personas. Al promover la prohibición de prostíbulos, la Relatoría de la ONU destacó que “no se persigue la prostitución”, sin el “proxenetismo” y la “esclavitud”.

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Joy Ezeilo, de ONU, señaló la corrupción policial como contribución al alza e impunidad de la trata de personas.