Renovarán el Protocolo de la Confluencia

NEUQUEN (AN).- El Concejo Deliberante renovará con una nueva ordenanza el convenio de Protocolo de la Confluencia, que ha permitido a las ciudades de Neuquén y de Cipolletti avan-zar en proyectos comunes en materia de transporte público, disposición de residuos urbanos y en la compra en conjunto de materiales para bajar los costos.

Esta decisión fue resuelta ayer por la comisión de Legislación General. En la misma reunión, se decidió solicitar a la Sindicatura el detalle de los procesos judiciales iniciados por el municipio durante 2003, o que iniciados no estuviesen concluidos al uno de enero de ese año.

La información requerida abarca la identificación de los abogados intervinientes, el destino de los honorarios percibidos y todos los datos referidos a los juicios emprendidos en ese período.

El proyecto de desarrollo sustentable entre Cipolletti y Neuquén fue impulsado originalmente por los ex intendentes Luis Jalil y Julio Arriaga pero fue suscripto y recibió un fuerte impulso durante la primera gestión del intendente Horacio Quiroga.

Este mes, en el marco del Protocolo de la Confluencia, disertó el experto francés Olivier Guyonneau, en instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue.

Dos meses antes hizo lo mismo el francés Jacques Muscat sobre intercomunalidad y la experiencia francesa.

El convenio entre las dos municipalidades fue firmado en 2000 con el propósito de avanzar en «el desarrollo armónico y sostenible» en los aspectos económico, social, político e institucional, en el marco de la idea eje «microregión».

El transporte

Uno de los aspectos más avanzados refiere a la futura implementación de un servicio de transporte público regional, que solucionaría la crisis que atraviesa la localidad rionegrina y abarataría los costos del sistema en la capital neuquina, entre otros aspectos.

El objeto es que los usuarios puedan hacer combinaciones de colectivos sin costo extra para el bolsillo.

Por otra parte, la decisión de requerir a la Sindicatura Municipal que investigue e informe sobre los juicios encarados por el Ejecutivo local apunta a certificar el cumplimiento de la ordenanza 9784, sancionada el año pasado.

La norma prohíbe a los abogados en relación de dependencia cobrar honorarios por fuera del sueldo que les paga la municipalidad por el trabajo que desarrollan.

Tampoco permite al municipio a delegar el cobro de tributos o multas en abogados ajenos a la estructura, lo cual se estaría incumpliendo en función de los reclamos de los contribuyentes enjuiciados.