Renuncia con fuerte crítica a la Justicia neuquina

NEUQUEN (AN)- El defensor penal del niño y el adolescente, Gustavo Palmieri, renunció ayer a seguir integrando el Poder Judicial neuquino, entre otros motivos porque incurre en prácticas que «deshonran elementales principios republicanos», y se ha convertido en un «modelo colonial» del que no quiere seguir formando parte por «mis ineludibles compromisos éticos y personales».

El ruidoso portazo de Palmieri fue tratado en la reunión de acuerdo de ayer del Tribunal Superior de Justicia, pero no hubo información oficial al respecto.

El texto de la renuncia del defensor circuló entre magistrados y funcionarios, y una copia llegó a «Río Negro». Palmieri tenía casi cinco años de antigüedad en el cargo, fue uno de los grandes defensores de la ley 2302 del Niño y el Adolescente, y decidió volver a la actividad privada a partir del 1 de octubre.

En el texto de su renuncia, Palmieri dice que deja el cargo por «razones de índole personal» influenciadas «por circunstancias institucionales».

Relata luego que en el fuero penal juvenil «hemos construido, consensuadamente, un modelo procesal penal que, considero, dignifica nuestra labor diaria y justifica la posición social de privilegio en la que nos encontramos en relación con la gran mayoría del resto de nuestros conciudadanos. Algo que quizá resulte generalmente inadvertido, pero que desde mi visión resulta una guía indispensable de evaluación personal».

«Muy por el contrario -dice el núcleo duro del texto de renuncia- el modelo de justicia penal que se ha diseñado y puesto en práctica en el resto de la provincia recientemente, desmerece en mi opinión patrones mínimos de eficiencia y contralor democráticos».

Esto se produjo «mediante la aplicación de procedimientos inequitativos e injustos de investigación de mis pares, favoreciendo la discriminación en la utilización de beneficios y derechos en función de cerca

nías personales o simpatías del momento, en síntesis, deshonrando elementales principios republicanos, y subordinando el objetivo social que justifica la existencia del Poder Judicial: resolver con eficacia y dignamente los problemas que enfrenta la sociedad, entre ellos, los abusos de poder y la arbitrariedad, respecto de otros, que se nutren de la ausencia de independencia y de objetividad, y que hacen gala de amistad con los circunstanciales gobernantes de turno».

Añade Palmieri que «aunque estoy persuadido de que dichos modelos coloniales están virtualmente, tarde o temprano, destinados a ser reemplazados, mis ineludibles compromisos éticos y personales me imposibilitan seguir integrando una estructura social constitucionalmente prevista para fines absolutamente distintos».

Por último, envía un saludo a sus colegas de la justicia penal juvenil, «en compañía de los cuales, a pesar de todo, me he sentido útil y acompañado en la difícil decisión que tomo».

Desde que se produjo el desembarco de los nuevos vocales del Tribunal Superior y comenzó la fenomenal renovación de cuadros judiciales, no se han producido renuncias como consecuencia directa de la crisis institucional del Poder Judicial. Salvo, quizá, una excepción a la que ahora se suma Palmieri: la del vocal Marcelo Otharán, quien renunció en octubre del año pasado. En esa oportunidad dijo que se iba «con una gran frustración, porque estamos todos muy debilitados» y atribuyó su dimisión a «diferencias político institucionales» con la nueva integración del TSJ.