Reparación escolar en el Alto Valle: millones para

Río Negro gastó este año casi un 150 por ciento más por las refacciones y el mantenimiento de sus escuelas con respecto al 2002.

Lo sorprendente es que más de 10 millones de pesos facturados al Estado no fueron suficientes para que los edificios llegaran a diciembre en óptimas condiciones. Es más, los directores se quejan porque en el último trimestre las obras fueron prácticamente nulas. Y eso tiene una explicación.

La parálisis ocurrió porque Economía limitó las asignaciones, ya que Educación agotó en agosto la totalidad de los fondos asignados en el presupuesto anual.

Dos conceptos clave conducen hacia los motivos del altísimo gasto ylos escasos resultados: mala calidad en la mayoría de los trabajos, que son realizados por un exclusivo círculo de proveedores y sobreprecios en numerosas facturaciones.

En este escenario, el Alto Valle es la zona con más irregularidades detectadas.

Una investigación de «Río Negro» permitió constatar que un puñado de firmas valletanas cobraron 11.181.405 pesos entre enero y julio por refacciones y mantenimiento escolar, incluyendo obras del 2003 como de años anteriores.

Lo más asombroso es conocer quiénes son esos privilegiados roveedores del Estado. Entre ellos hay familiares de funcionarios provinciales y antiguos prestadores que, luego de ser denunciados por obras en la zona de Roca, optaron por facturar en la delegación del Valle Oeste. También un conocido roquense que pasó varios meses detenido y fue condenado por una causa de autos mellizos (ver aparte).

Pagos en alza

¿Dónde se comprueba el aumento cercano al 150 por ciento en el gasto para mantener los edificios escolares de la provincia?

Según registros de la ejecución presupuestaria a los que accedió este diario, la partida 331 ya alcanzó los 10.306.910 pesos, mientras que en el 2002 fue de 4.276.301 pesos. Esa suba equivale al 141 por ciento.

Ese rubro -definido como «mantenimiento y reparación de edificios y locales»- incluye todos los inmuebles del Estado, pero se sabe que el 90 por ciento de esas erogaciones corresponde a las escuelas. Esa partida originalmente era este año de 11.117.519 pesos y, ahora, ya está superando los 14 millones. El incremento se explica -según fuentes de Economía- en los excedentes que especialmente requirió Educación para cumplir con desembolsos de obras ya ejecutadas y comprometidas.

Algo similar ocurrió en el 2002, cuando el presupuesto original del 2002 era de 3.924.469 pesos y luego fue incrementado a 9.445.353 pesos.

Una mala costumbre

El desajuste de los desembolsos para refacción y mantenimiento escolar creció en los úl

timos meses.

En el 2001 se intentó regularizar la situación, acordando con los municipios para que cumplan esa gestión con financiamiento provincial. Sin embargo, los intereses afectados eran tan poderosos que rápidamente todo volvió al antiguo esquema.

Además, el mecanismo directo de contratación se constituyó en otra mala costumbre. La declarada emergencia educativa libera a Educación de mayores trámites en esos gastos, según la interpretación de la cartera que conduce Ana Mázzaro.

Sin embargo, sobran cuestionamientos formales a esa utilización, pues -aún la flexibilidad que permite aquella norma- los órganos de control entienden que la contratación directa debe ser excepcional y, en cambio, la gran mayoría de las obras se cumple con ese mecanismo.

Así, el 30 de mayo último, el Tribunal de Cuentas remitió 107 expedientes a la Fiscalía de Investigaciones por pagos con trámites irregulares de obras y servicios de los últimos meses (incluidas de años anteriores). Los registros corresponden a erogaciones de toda la provincia, pero la mayoría son del Alto Valle y son innumerables los pagos, pues cada expediente concentra entre 20 y 50 facturas.

La resolución es la 009/03, firmada por Pedro Funes, Pedro Casariego y Rubén Gianni, quienes advierten la preocupante reiteración de contrataciones directas por parte de Educación cuando deberían realizarse concursos de precios o licitaciones. Y se asegura que en ninguno de los expedientes observados se justifica una real urgencia para eludir los pasos legales vigentes.

«Dichos expedientes son pasibles de importantes observaciones» por «violaciones al Reglamento de Contrataciones, falta de acreditación de la razonabilidad del precio y de la debida intervención de los organismos de control interno, como la Contaduría General y la Fiscalía de Estado», expresan.

En otro párrafo, el dictamen es taxativo al afirmar que «se observan actuados en que el área técnica se había expedido diciendo que no se cuenta en todos los casos con la información cuantitativa suficiente para diagnosticar sobre la razonabilidad de los costos facturados». Se agrega que donde existió información «se constataron diferencias que superan significativamente las estimaciones que realiza el área para tareas similares». Es evidente que el Tribunal advierte sobreprecios.

Por esas observaciones, el cuerpo remitió esos expedientes a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, para que profundice la búsqueda de ejecuciones ilegales.

Este último organismo es el mismo que hace algo más de un año presentó una denuncia penal contra los delegados educativos María Pardo y Daniel Aquilano (que luego del inicio de la causa fue reemplazado), como también a empresas del Alto Valle.

La denuncia parece no haber generado efecto. Pardo sigue en su puesto, Aquilano fue designado como jefe de compras del CPE y las constructoras involucradas siguen facturando montos millonarios a Educación.

Adrián Pecollo

Hugo Alonso

Nota asociada: Quiénes y cuánto cobraron Los docentes habían advertido Mázzaro no ve problemas Dos casos testigo  

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