Repsol-YPF: bingo neuquino

Por Oscar Isidro José Parrilli (*)

El ministro de Economía de la provincia del Neuquén, ingeniero químico Alfredo Pujante, ha expresado, haciendo alarde de sus conocimientos jurídicos, en un nota de esta sección del día 18 de setiembre de 2000 que: «La empresa (Repsol YPF) tiene el derecho por ley a exigir, sin costo alguno, la prórroga de la concesión por otros diez años». Y luego lo ha repetido en todos sus contactos con los medios de prensa radiales o televisivos.

No existe ningún derecho que el concesionario pueda invocar, es sólo una facultad de solicitarlo. Ni aun habiendo expirado el plazo, dado buen cumplimiento a todas las obligaciones emergentes de la concesión, haber realizado en tiempo y forma todas las inversiones comprometidas y pagado correctamente las regalías, la ley establece con total claridad que es una facultad y no una obligación del Poder Ejecutivo el conceder la prórroga.

El art. 35 de la ley 17.319, de Hidrocarburos, establece que si el concesionario ha dado buen cumplimiento a las obligaciones emergentes de la concesión y si la solicitud se presenta con una antelación no menor a los seis meses, el Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez años. Si fuera obligatorio para el Estado conceder la prórroga, la ley diría deberá. Esto significa que para el Poder Ejecutivo es absolutamente facultativo conceder o no la prórroga.

Además en la misma ley y en los decretos dictados en su consecuencia, en ningún momento se establece que la prórroga de una concesión de una área de explotación sea gratuita.

En consecuencia, Repsol-YPF o cualquier otra empresa privada que solicite la prórroga de la concesión de la explotación de un yacimiento debe abonar un canon o derecho. Este canon se paga por anticipado, es independiente de las regalías y no tiene nada que ver con las inversiones que la empresa se compromete a realizar para explotar el área. Así lo han entendido todos los especialistas en la materia y también la Secretaría de Energía y el Ministerio de Economía de la Nación, que han dejado trascender que la cifra que se puede obtener en concepto de canon oscila entre los 500, 1.000 y 2.500 millones de dólares. Una cifra igual o superior a la que cobró en concepto de regalías mal liquidadas el gobierno provincial durante la anterior gestión de Jorge Sobisch: las famosas «Joyas de la Abuela», de las cuales sólo nos queda el recuerdo de que una vez las tuvimos.

Los conocimientos jurídicos del ingeniero químico Alfredo Pujante y la hasta ahora soberbia y egocentrismo del gobernador Sobisch nos están por hacer perder a todos los neuquinos una suma que, según los cálculos del Ministerio de Economía de la Nación, puede oscilar entre los 500, 1.000 ó 2.500 millones de dólares. No dentro de 17 años y en cuotas, sino todo junto y ahora.

El Ministerio de Economía de la Nación aduce que el canon le pertenece porque sigue vigente aún la ley 17.319, que reconoce la propiedad de los hidrocarburos en el gobierno nacional, pese a que en el art. 124 de la Constitución Nacional de 1994 y en el art. 1º de la ley 24.145 se reconoció el dominio y jurisdicción de las provincias sobre los yacimientos de hidrocarburos y de los recursos naturales existentes en su territorio.

Sin duda que hay una discusión jurídica acerca de a quién le corresponde cobrar el canon por conceder la prórroga: si a la Nación o la provincia. La biblioteca jurídica tendrá argumentos en favor de una u otra postura. La mía, como abogado y neuquino, es obviamente que el derecho lo tiene la provincia. Si se sanciona la nueva ley de hidrocarburos pensando en los intereses de las provincias, esta discusión quedará zanjada y tendremos derecho, como provincia, a percibir el canon no solamente del área Loma de la Lata – Sierra Barrosa, sino de todas las concesiones de explotación que estén dentro del territorio neuquino.

Señor gobernador: cuando en junio del 2000, antes de la firma en Madrid de la «Carta de Entendimiento», un grupo de dirigentes de diferentes fuerzas políticas (PJ, UCR, Frepaso, MPN) le solicitamos públicamente al gobernador Sobisch que revea los términos de lo que iba a firmar, que además de corregir las deficiencias jurídicas debíamos reclamar el pago de un canon y/o aumento de las regalías, se nos contestó, con soberbia y altanería: «Que éramos conspiradores, que no representábamos a nadie, que éramos la máquina de impedir, que siempre nos había ganado y que nos mandaba saludos desde España».

Luego -creo que por consejo del jurisconsulto Pujante- primero dijo que reclamarle un canon a Repsol era boicotear el acuerdo, y cuando vio que la Nación insistía, pese al cambio de secretario de Energía, anunció que de cobrar la Nación ese canon, la provincia le haría juicio ante la Corte Suprema al gobierno nacional: con seguridad un nuevo caso Punte.

Frente al nuevo viaje a España del gobernador acompañando la comitiva del presidente de la Nación, Dr. Fernando de la Rúa, siento nuevamente sorpresa e indignación porque no logro respuesta a:

¿Por qué el gobernador no quiere escuchar otra campana?

¿Por qué las cuestiones legales las maneja un ingeniero?

¿Por qué los funcionarios del gobierno provincial renunciaron anticipadamente a la posibilidad de que a la provincia le ingrese una suma entre 500, 1.000 ó 2.500 millones de dólares?

¿Por qué se agravia, injuria y desacredita a los que opinamos distinto?

¿Por qué todo se debe teñir con la interna del partido provincial?

Señor gobernador, con todo respeto y humildad le digo: aún estamos a tiempo. Pise la pelota, piense dos segundos y después dé el pase.

Es mucho lo que está en juego. No crea que los que opinamos distinto somos sus enemigos. Usted tendrá más fuerza para negociar, tanto frente a la empresa como frente al gobierno nacional, si todos nos ponemos de acuerdo en una sola dirección.

Ya malgastamos las joyas de la abuela, no dilapidemos ahora los ahorros de nuestros hijos. Usted tiene la oportunidad. No la pierda.

(*) Ex diputado nacional por el PJ


El ministro de Economía de la provincia del Neuquén, ingeniero químico Alfredo Pujante, ha expresado, haciendo alarde de sus conocimientos jurídicos, en un nota de esta sección del día 18 de setiembre de 2000 que: "La empresa (Repsol YPF) tiene el derecho por ley a exigir, sin costo alguno, la prórroga de la concesión por otros diez años". Y luego lo ha repetido en todos sus contactos con los medios de prensa radiales o televisivos.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $3000 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora
Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative
Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Formá parte de nuestra comunidad de lectores

Más de un siglo comprometidos con nuestra comunidad. Elegí la mejor información, análisis y entretenimiento, desde la Patagonia para todo el país.

Quiero mi suscripción

Comentarios