Rescindirían el cobro privado a las obras sociales

VIEDMA .- Río Negro rescindiría el contrato del cobro privado a las obras sociales en representación de los hospitales.

La nueva gestión de Salud -que conduce Pedro Mazzoleni- habría decidido esa suspensión, argumentando que el sistema no obtuvo los niveles de recaudación propuestos.

El consorcio español Catalunya asumió en 1998 la administración del Fondo de Obras Sociales (FOS) y, según sus cálculos, incrementó la facturación y aumentó en un 30 por ciento el cobro a las obras sociales.

Desde el gobierno provincial se desestiman los resultados que pregona ese grupo privado.

El alejamiento de Javier Vilosio de Salud contribuyó al debilitamiento del sistema de cobro privado de los servicios que los hospitales rionegrinos realizan a afiliados de obras sociales.

La revisión contractual la habría alentado también el propio ministro de Salud y Desarrollo Social, Daniel Sartor, especialmente cuando conoció que Catalunya intimó al Ipross por deudas que la obra social provincial mantiene con los hospitales públicos.

El Ipross adeuda prestaciones de un año, explicó a «Río Negro» el coordinador de Catalunya, Alejandro Barril.

Mientras tanto, el grupo español todavía desconoce la decisión política en ciernes de desactivar el contrato. Recién esta semana se concretaría el primer encuentro entre Cayalunya y las autoridades provinciales.

El consorcio aseguró que la facturación a las obras sociales por atención en los hospitales públicos pasó de 1,2 millones de pesos en 1998 a 2,1 millones durante el año anterior y el cobro se incrementó de 900.000 a 1,4 millones.

Barril indicó que la rentabilidad está vinculada con la situación crítica por la que atraviesan las obras sociales. Desde que los españoles se hicieron cargo, encontraron problemas para el pago voluntario en el Ipross y las nacionales de jubilados (PAMI) y rurales (OSPRERA).

El recupero para los 15 hospitales rionegrinos se produce por dos vías.

Por una parte, las obras sociales nacionales son intimadas cuando no pagan y de persistir en la situación, el consorcio inicia un reclamo ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSSAL), que debita el gasto prestacional de los aportes que recibe la entidad mutual por directa intervención de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

Pueden pasar hasta seis meses sin que el dinero sea acreditado. Una vez que es girado, el consorcio lo deposita en una cuenta a nombre del Consejo de Salud Pública que luego le abona una comisión del 25% sobre el monto facturado.

Barril advirtió que varias obras sociales tienen por costumbre depositar en los hospitales y desconocer la cuenta del CSP. «Por eso, si alguien mira los números de lo que cobra la empresa, entones parecerá que es nada, el sistema pierde credibilidad y los datos se pueden usar maliciosamente», agregó Barril.

Precisó que el grupo realizó una auditoría en los hospitales y se determinó que merced a la calidad de la facturación, el sistema tuvo un incremento de cobro del 30% sobre lo recaudado en 1998.

El segundo mecanismo es la recuperación de las prestaciones que se hacen a la obra social provincial y que va por cuerda separada. Indicó que el Ipross debe prestaciones de un año y que se hicieron las correspondientes intimaciones que aún no están vencidas legalmente. El directivo explicó que la deuda del Ipross «la tenemos como un activo porque tenemos que pensar que la provincia tiene que pagar».

En cuanto a si pudo analizar con las nuevas autoridades de Salud el funcionamiento del sistema en general, Barril señaló que recién la semana próxima habrá un encuentro formal.