Residuos patológicos generan debate en Roca

ROCA (AR).- La prestación del servicio de recolección y tratamiento de residuos patológicos en Roca abrió un debate en el municipio por las responsabilidades a la hora de afrontar los costos. Incluso, esto podría dar lugar a la realización de una nueva audiencia pública para aclarar los puntos de mayor importancia.

Los representantes de distintos centros médicos y odontológicos de la ciudad cuestionaron el hecho de que sólo ellos deben pagar por el servicio prestado, argumentando que toda la comunidad es generadora de este tipo de residuos.

Por esta razón, en una reunión mantenida hace unos días con los responsables de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la Dirección de Medio Ambiente, solicitaron la revisión de la legislación vigente y también del canon del servicio concesionado.

Al respecto, es importante destacar que la ordenanza 2.145/95 establece quiénes son los que están obligados a utilizar y pagar por la prestación del servicio. Entre ellos se encuentran las clínicas y/o consultorios médicos, odontológicos y veterinarios; laboratorios bioquímicos, geriátricos, centros de diálisis, enfermerías, gabinetes podológicos, talleres de mecánica dental y farmacias.

Por su parte, los funcionarios de la comuna sostuvieron que la ordenanza adhiere a la ley nacional de residuos peligrosos 24.051 y su decreto reglamentario 831/93 en lo referente a la clasificación, recolección, transporte, incineración, aprobación de prestadores y eliminación de los residuos biocontaminantes y/o tóxicos.

Por ello, el Ejecutivo mandó los expedientes correspondientes al Concejo Deliberante, que ahora deberá estudiar los planteos realizados por los responsables de los principales generadores de residuos patológicos y así determinar si es posible la reforma de la normativa vigente en la ciudad.

Además algunos funcionarios no descartaron la posibilidad de convocar a una nueva audiencia pública para que el tema sea discutido por todos los roquenses.

En 1995, el servicio de recolección y tratamiento de este tipo de residuos fue concesionado por un término de cinco años a una UTE integrada por las empresas Zavecom y Surbasa.

Teniendo en cuenta la ley 24.051, se determinó que el importe de aproximadamente 12.000 pesos mensuales debe ser abonado directamente por los generadores a la empresa contratada aunque, de acuerdo a lo informado por los funcionarios de la comuna, en algunos casos se registra una deuda desde mayo de 1999.

Mientras tanto, el municipio y el Consejo Provincial de Salud Pública actúan como organismos de contralor y aplicación de la ordenanza, para lo cual deben verificar las condiciones en las que se presta el servicio.

En los próximos días el personal de la Dirección de Medio Ambiente iniciará un relevamiento para determinar la cantidad exacta de generadores de residuos peligrosos y en qué condiciones de pago se encuentran los responsables.

Se estima que en toda la ciudad llegan a más de cien, incluyendo clínicas, laboratorios y geriátricos.