Resisten el desalojo de la «Casita 17»

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La familia que ocupó la «Casita 17» tras el incendio que puso fin al Hogar Convivir rechazó la orden judicial de desalojo y le reclamó al Estado una solución para su problema habitacional.

Jemina D., Héctor Agüero y sus hijos ocuparon la vivienda del IPPV ubicada en el Barrio Ayelén el 28 de marzo acuciados, según argumentan, por su endeble situación económica. Además cambiaron la cerradura y realizaron mejoras sin autorización de la secretaría de Promoción Familiar, poseedora del inmueble.

La situación derivó en una investigación judicial a cargo de Martín Lozada que esta semana le dictó el procesamiento a la pareja por considerarlos coautores del delito de usurpación.

El magistrado les otorgó 45 días para que consigan una vivienda y restituyan el inmueble a las autoridades del Promoción Familiar, con la advertencia de que procederá al desalojo compulsivo una vez vencido el plazo.

Jemina D. señaló que cuenta con el apoyo de los vecinos para resistir la medida y consideró que tampoco los van a desalojar «tan fácil» porque «hay menores y un embarazo de riesgo».

En la resolución de procesamiento Lozada desmintió que los acusados se encuentren en un «estado de necesidad exculpante» dado que el padre de familia «cuenta con ingresos que superan el nivel de pobreza, lamentablemente tan extendido en el país».

También descartó que la pareja contara con el consentimiento de la delegada local de Promoción Familiar, Elsa Palomo, basado en declaraciones de la funcionaria. Tras el incendio registrado a mediados de marzo la delegada anunció el cierre del Hogar Convivir, el traslado de menores y la afectación del inmueble para la apertura de un centro de asistencia.

No obstante esto, la acusada sostuvo su postura y aseguró que Palomo les prometió la casa pero después retiró los calefactores instalados por el IPPV y la dejó «sin nada».

La mujer relató que «pasamos tres meses sin luz ni gas porque (la vivienda) tenía una deuda de 2.000 pesos y después nos arreglamos con los vecinos que nos prestaron la luz, mientras ella (Palomo) nos dejó sin nada».

Jemina D. es beneficiaria de un subsidio Jefes y Jefas de Hogar y cursa el embarazo de seis meses, argumentos con los que justificó la ocupación de la vivienda, aunque en diálogo con este diario admitió que su concubino cuenta con un ingreso mayor. Durante la indagatoria la mujer intentó pasar por separada y único sosten del grupo familiar, mentira que jugó en su contra a la hora del procesamiento.

«Yo no hice una usurpación porque no violenté la entrada de la casa, la puerta estaba apretada con un trapo», dijo.


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