Retendrán haberes a quienes no presentaron declaración de bienes

Alcanza a jueces, legisladores y otros funcionarios.

Un buen número de legisladores, jueces y funcionarios de los tres Poderes de Río Negro no presentaron a tiempo las obligatorias declaraciones juradas de bienes. Ese incumplimiento requerirá la suspensión del pago de esas remuneraciones.

El Tribunal de Cuentas informó a los Poderes que más de 70 funcionarios aún no elevaron el detalle de su situación patrimonial, razón por la que vencido el plazo de ley se deberán retener sus respectivas remuneraciones.

La ley 3550 -que se sancionó en setiembre de 2001, pero se reglamentó el año pasado- profundizó las exigencias iniciales de los funcionarios en la entrega de sus declaraciones juradas. Además, establece la investigación si el Tribunal advierte un crecimiento «desproporcionado de su patrimonio».

Esta responsabilidad legal alcanza a cargos electivos y políticos del Ejecutivo y la Legislatura, como también los jueces y funcionarios superiores de la Justicia, además de quienes tengan áreas administrativas.

La legislación preveía un plazo máximo de 30 días para la presentación de la documentación.

Finalmente, en los primeros días de abril, el Tribunal de Cuentas remitió los listados a la Legislatura, la Justicia y algunos ministerios ya detectados que no cumplieron con esas presentaciones.

Las misivas del órgano de control -a las que accedió «Río Negro»- totalizan a 72 autoridades, incluyendo a 13 legisladores, 2 camaristas penales y defensores judiciales, y varios funcionarios de primer nivel del gobierno provincial.

En las notas, el Tribunal agrega el listado de «quienes cumplieron con el imperativo legal y quienes no, dejando constancia que la nómina corresponde a la lista oportunamente remitida» por cada departamento de personal. Se completa que el artículo 8 determina «sanciones para los incumplimientos» y por las dudas, ese órgano transcribe el mencionado artículo.

El mismo establece que vencido el plazo «sin que el funcionario haya presentado la declaración jurada, se suspenderá el pago de toda retribución hasta tanto dé efectivo cumplimiento. El Tribunal -agrega- hará saber tal circunstancia al poder del cual depende aquel para que se retengan las remuneraciones que se le hubieren liquidado».

Además, se prevé que si persistiese la situación el funcionario «quedará incurso en causal de cesantía», mientras que en los cargos electivos se oficiará al Poder competente para que proceda a su destitución.

«Río Negro» pudo constatar notas a los ministerios de Hacienda, Producción y Coordinación. Las tres carteras del Poder Ejecutivo sumaron 36 funcionarios que no decla

raron bienes y cuyos haberes deberán ser retenidos.

En esos listados se advierten tres subsecretarios: Irma Andronowicz (Cultura), Julio Salto (Relación Interprovincial) y Juan Carlos Scalesi (Función Pública). También, figuran el presidente el Consejo de Ecología, Oscar Echeverría y el interventor de Radio y Televisión, Alejandro Kunz. Otro mencionado es el ex gobernador Pablo Verani, designado delegado coordinador, pero en el listado del Tribunal se aclara que «no se exige presentación», sin mayores precisiones de las razones.

Los funcionarios observados del Ejecutivo comprenden además a los directores generales de Hacienda, José Antonio Alé y de Transporte, Oscar Villani.

Mientras tanto, el Poder Judicial tiene a 18 miembros que no entregaron las declaraciones, a quienes deberá retener sus haberes. Entre ellos, dos camaristas: María Evelina García y Alejandro Ramos Mejía, que conforman tribunales penales de Roca y Bariloche. También hay dos defensores oficiales, Marcelo Alvarez Merlinger (Bariloche)

y Beatriz Yapur (Cinco Saltos), y una asesora de menores, Ana María Fernández (Bariloche).

 

En la Legislatura

 

Finalmente, la misiva remitida a la Legislatura consigna a 18 miembros de ese Poder. El dato más llamativo corresponde al número de diputados, pues 13 integrantes del cuerpo todavía no enviaron sus declaraciones juradas. Por ejemplo, el bloque Encuentro en pleno no cumplió con esta obligación, según el listado remitido por el Tribunal de Cuentas.

La nómina de observados se integra con Ana María Arriaga, Francisco Castro, Luis di Giácomo, Beatriz Manso, Fabián Gatti y Carlos Valeri, de Encuentro. También, figuran los justicialistas Mario Colonna y Ademar Rodríguez; y los legisladores del MARA, Celia Graffigna y Osvaldo Muena, el peperreísta Claudio Lueiro, y Magdalena Odarda del ARI. Del bloque oficialista figura Graciela González.

Según se establece en la legislación, la retención quedará sin efecto cuando se presente la documentación correspondiente. (AV)

Nota asociada: Lo que dice la ley

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