Retirados deben decidir si aceptan el pago con bonos

Los retirados provinciales por el Decreto 7/97 están cerca de obtener una resolución favorable dentro de una cuantiosa demanda contra el Estado rionegrino que le aplicó un ajuste de haberes del 30 por ciento cuando pasaron a pasividad a fines de los 90. Los juicios contra la provincia alcanzan a 400 expedientes. El reclamo está vinculado con que la provincia aplicó una rebaja para determinar un haber mensual en la escala salarial vigente a julio de ese año, y pasada la emergencia se devolvió la rebaja a los activos pero no ocurrió lo mismo con este grupo que inicialmente engrosó un listado de 1.696 personas. Desde el Superior Tribunal de Justicia se impulsó la apertura de las negociaciones en los trámites contenciosos administrativos, que datan de 2007 y 2008, analizando los “casos Pringles y Mainini”, al reconocerse las omisiones administrativas. Esta semana protagonizarán una serie de asambleas para definir si aceptan o no una propuesta relacionada con una oferta de bonos del Presupuesto 2012 y una recomposición salarial sobre la base de un proceso de negociación habilitada para el Fiscal de Estado, Alberto Carosio, por parte de la Comisión de Transacciones Judiciales, y que posteriormente debe homologar la Justicia. Este cuerpo está integrado por miembros de la Legislatura y el Poder Ejecutivo. Hoy se concretará un plenario a partir de las 10 en el salón de la Mutual de Obreros de la Construcción de la República Argentina (Muocra) en esta capital, y desde la 19.30 se desarrollará un encuentro similar en el ex Concejo Deliberante de General Roca. Los encuentros se repetirán el jueves en Bariloche y el viernes en El Bolsón. Las demandas serían unas 600, pero según estimaron desde la Comisión de Pasivos de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), los eventuales acuerdos a alcanzar generarían un antecedente para todo el espectro. Superarían el millar debido a las bajas por fallecimientos. “Si bien las convocatorias son de carácter informativo pretendemos que las asambleas sean resolutivas para que exista un reconocimiento en un lapso de cinco meses, ya que muchos superamos los 60 años”, afirmaron los integrantes de esa agrupación, Jorge Mosquera y Ricardo Rogel. Agregaron que “si no existe arreglo, el pleito podría trasladarse en el tiempo apelando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo tanto se aceptará lo que diga la mayoría; prefiriendo un mal arreglo a un excelente juicio que se vea demorado”. Todavía no hay liquidaciones lo que impide hasta el momento dar cifras definitivas.