Retoman el juicio en la causa grande del ex BPRN

Hoy a las nueve se retoma el juicio por la denominada causa grande del ex Banco de la Provincia de Río Negro -BPRN-, investigación que se inició hace más de 14 años. El otorgamiento de millonarios créditos por parte de las entonces autoridades de la entidad crediticia provincial a empresas insolventes y que nunca fueron devueltos es el tema central de este juicio. Las empresas beneficiadas, algunas de ellas inexistentes y otras quebradas, son Coerpe S.A., Galme Pesquera, Crybsa, Amka Huasi y Toddy. Entre los ex funcionarios imputados se encuentran Edgar Massaccesi, Ricciardulli, Rubén Rodríguez, César Nouche, Guillermo Speratti, Rodolfo Bou Abdo y Antonio Osvaldo Sánchez. Hoy tomarán indagatorias a los imputados.





Aval por millones de dólares para un capital de 70.000 australes

VIEDMA (AV)- En 1.990 el consejo de Administración del BPRN otorgó un aval por 3.500.000 dólares a Coerpe S.A. Según las constancias acumuladas en la causa esta empresa tenía un capital social de sólo 70.000 australes. El aval fue otorgado para que la empresa obtuviera un préstamo de la Caja Nacional de Ahorro y Seguro por 3.500.000 dólares para la prefinanciación de exportaciones, evolución comercial y desarrollo del proyecto de planta elaboradora y empaquetadora de pescado. Pero esos fondos -una vez obtenidos- fueron desviados hacia el Banco de la Provincia de Buenos Aires para que la empresa Atlantic Fish adquiriera a esa entidad crediticia -por cesión de créditos- hipotecas terrestres y navales, prendas, fianzas personales y seguros de cambio, cuyos deudores eran las empresas Arpemar S.A. y Promasa y los fiadores Juan Carlos, Pedro y Carlos Traballoni y Nicolás Salvi.

Ese aval fue garantizado por Coerpe al BPRN mediante cesión de créditos hipotecarios que Atlantic Fish hizo a favor de esa institución sobre dos inmuebles en Mar del Plata: uno de Arpemar y otro de Promasa.

Coerpe incumplió y la Caja Nacional reclamó al BPRN la cancelación de la deuda en su condición de avalista, deuda que fue asumida por la provincia de Río Negro mediante un convenio de compensación de deudas con el gobierno nacional por un monto superior a los 4.000.000 de dólares. «La operación avalada por el BPRN resultó un grave perjuicio al erario provincial y un evidente beneficio indebido a terceros», puntualizó el fiscal César Gutiérrez Elcarás al pedir la elevación a juicio de esta causa.

Agregó que el aval otorgado a Coerpe S.A. por los miembros del Consejo de Administración del BPRN imputados «no sólo constituyó una operación ruinosa para la entidad, cuyo manejo, representa una maniobra defraudatoria al procurar un lucro indebido en beneficio de una empresa manifiestamente insolvente como era Coerpe S.A. que con un proyecto de inversión mentiroso e irrealizable logró captar los fondos necesarios, no para concretar su proyecto, sino para que una corporación anómala como Atlantic Fish Products Corporation Limited adquiriera al Banco de la Provincia de Buenos Aires todas las deudas garantizadas contraídas por las empresas Arpemar S.A. y Promasa, controladas también por el grupo familiar de Galme Pesquera».

Sostuvo que se aceptó garantizar una operación sabiendo que ésta era a cumplir a corto plazo y que sólo fue otorgada por la entidad crediticia (Caja Nacional de Ahorro y Seguro) porque mediaba el aval del Banco. «Con esta nueva operación lo único que hizo el Consejo de Administración fue agravar la situación financiera de la entidad», aseguró. La maniobra defraudatoria comenzó con la operación que Atlantic Fish firmó con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Empresas ficticias que consiguieron jugosos créditos

VIEDMA (AV)- El segundo hecho de esta causa incluye a la empresa Galme Pesquera. El ilícito reprochado es la administración fraudulenta agravado en este caso porque el damnificado fue un ente autárquico del Estado como el exBanco de la Provincia de Río Negro. Se agrega además la asunción de la deuda originada por el caso Coerpe por parte del Estado provincial (compensación de deudas ante el incumplimiento del aval).

Los imputados en este hecho son Francisco Ricciardulli (director Ejecutivo del exBPRN); Edgar Massaccesi (presidente de la entidad) y los entonces consejeros del Banco, Guillermo Speratti, César Nouche y Rodolfo Bou Abdo. En tanto a los directivos de Galme, Pedro y Rita Traballoni, se les imputa haber integrado un conjunto económico y haber ardidosamente simulado la existencia de empresas ficticias como Pesquera San Pedro y Coerpe a través de las cuales habrían obtenido engañosamente fondos dinerarios y avales del entonces BPRN, dañando el patrimonio de la entidad. Cabe recordar que en este juicio no está incluida ésta última por razones administrativas y su juicio se realizará con posterioridad al que hoy continúa.

En el pedido de elevación a juicio de esta causa el fiscal César Gutiérrez Elcarás acusó a los exfuncionarios que -en un período no precisado con exactitud pero que se hallaría comprendido con anterioridad al 21 de enero de 1.993 y desde que Galme Pesquera se vinculara íntimamente con las empresas Arpemar S.A. y Promasa (1.988)- habrían abusado de su cargo presumiblemente con el fin de procurar para un tercero un lucro indebido.

Habrían violado los deberes que le eran propios perjudicando los intereses confiados y habrían dañado patrimonialmente a la entidad financiera, asistiendo crediticiamente y otorgando avales a empresas que sabían carecían del suficiente respaldo para ello, excediéndose en los límites de asistencia crediticia, endeudamiento o que eran ficticias como Pesquera de San Pedro S.A. y Coerpe.

Recordó que Galme Pesquera fue declarada en quiebra el 16 de mayo de 1.994, aunque con anterioridad a esta situación se mantuvo sujeta a una importante cantidad de refinanciaciones, «dejando en claro su insolvencia, lo que debió generar una atenta vigilancia por parte del Consejo de Administración del Banco que no sólo no existió sino que continuó hasta incrementar su deuda de manera irrecuperable con el agravante de no haber empleado el acreedor el medio idóneo no sólo para conocer la real situación de su cliente (falta de registros contables) sino, ante las anomalías advertidas, implementar los remedios necesarios».

Gutiérrez Elcarás sostuvo que se constató que el daño patrimonial contra el BPRN fue de algo más de 15.000.000 de dólares.

  Nota asociada: Amka Huasi, firma sin capacidad de endeudamiento  

Nota asociada: Amka Huasi, firma sin capacidad de endeudamiento  


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