Revés judicial para el intendente Cascón

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Justicia resolvió desestimar la denuncia penal formulada por el Ejecutivo municipal contra los miembros de Tribunal de Contralor Edith Garro y Oscar Cannizzaro por haber difundido el contenido de una resolución “confidencial”. El juez Miguel Gaimaro Pozzi incluyó en su resolución un severo reproche al intendente Marcelo Cascón por imponer el secreto sobre una cuenta bancaria mediante simple resolución, al que calificó como “un acto administrativo de dudosa validez”. En febrero el Ejecutivo dictó una resolución “confidencial” para excluir a la cuenta bancaria 6417 del banco Credicoop del “fondo centralizado de cuentas oficiales” que el municipio mantiene en el Banco Patagonia. Dijo desde entonces que esa maniobra formaba parte de una “estrategia económica financiera” destinada a ocultar el saldo de la cuenta del Credicoop y acumular allí una reserva para el pago de aguinaldos. Exponer esa cuenta en el “fondo centralizado” podría provocar demoras en el envío de la coparticipación provincial, entre otros perjuicios, según explicó en su momento el secretario de Economía, Federico Lutz. Los contralores hicieron pública la cuenta secreta e iniciaron una investigación para saber si esa operatoria causó perjuicio económico, ya que el municipio -mientras mantenía ese fondo inmovilizado- tomó giros en descubierto por los que pagó abultados intereses. A raíz de esa difusión, los asesores letrados del Ejecutivo denunciaron en la Justicia a dos vocales del Tribunal por “violación de secreto cometido por funcionario público”. El juez Gaimaro Pozzi se pronunció por desestimar la denuncia e incluyó en su fallo un análisis de las normativas que obligan a garantizar la publicidad de los actos de gobierno. Dijo que esa garantía está señalada expresamente en el artículo 22 de la Carta Orgánica y que la ordenanza 1851/08, autoriza a denegar información en condiciones muy puntuales y acotadas, que no se habrían cumplido en este caso. Señaló que la Carta Orgánica no establece entre las atribuciones y deberes del intendente la de establecer el secreto de las resoluciones”. Gaimaro Pozzi indicó también que el artículo 51 inciso 16 de la Carta Orgánica obliga al Ejecutivo municipal a publicar mensualmente “el estado de tesorería y la ejecución del presupuesto”. “No comprendo –continuó el juez– cómo podrían publicarse datos fidedignos sobre el estado de la tesorería municipal si parte de los fondos han sido desviados a una cuenta ‘secreta’”. Entendió en definitiva que quienes difundieron abiertamente la resolución “no han cometido delito alguno y por el contrario han revelado un acto administrativo de dudosa validez”. Ahora con el aval de la Justicia, el Tribunal de Contralor se dispone a profundizar la investigación sobre la cuenta secreta, que llegó a tener un saldo superior a los dos millones de pesos.

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