Revisarán jubilaciones por invalidez en Río Negro

VIEDMA (AV).- Una comisión de médicos será enviada a Río Negro a mediados de este mes por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para revisar a una veintena de ex agentes públicos, quienes perciben jubilaciones por invalidez o bien se les quitó ese beneficio por no reunir las condiciones suficientes.

La medida se tomó por la vigencia de la Ley Nacional 25.364 que prevé que ese tipo de beneficios otorgados en aplicación de las leyes 18.037, 18.38 y decreto ley 1.645/78, regímenes especiales nacionales o provincial transferidos al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones se regirán por la Ley y Baremo vigente a la fecha del cese (de la actividad) para todos los efectos legales, incluso para su revisión o rehabilitación posterior.

La norma prevé que las prestaciones por invalidez que hubieran sido dadas de baja por aplicación de la Ley 24.241 serán nuevamente evaluadas. El trámite se efectúa a pedido del interesado y, de corresponder, será rehabilitado sin derecho a retroactividad alguna por los períodos de haberes no percibidos.

La veintena de casos surgieron como consecuencia de la revisión que hicieron tiempo atrás los médicos de la Comisión 18 en esta capital, que pertenecen al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación y tienen a su cargo la supervisión en el ámbito público y privado, con las administradoras de jubilaciones y pensiones y de riesgo del trabajo.

La titular de la Unidad de Atención Integral de la Anses, Andrea Escudero, reveló a «Río Negro» que las normas prevén la revisión cada dos años porque las invalideces vencen en ese lapso y «hay que estudiar si los empleados siguen o no» padeciendo las enfermedades.

La funcionaria indicó que a todos se les debe aplicar la ley de fecha de cese en actividad, con lo cual algunos a los que se les cortó el beneficio, podrían llegar a recibirlo nuevamente.

Al parecer, este corte se habría producido porque las juntas médicas revisaron las afeccciones con distintos criterios, aplicando un Baremo más exigente, a posteriori de otorgado el beneficio y traspasado a los jubilados públicos rionegrinos a la Nación. La afecciones serían de índole clínica y psiquiátrica.

Ciertas coincidencias con el planteo de Escudero hizo la interventora de la Unidad de Control Previsional, Sandra Eizaguirre. Insistió en que en los casos de Río Negro «no se puede aplicar la legislación nueva» (más restrictiva) y por lo tanto «se debe reexaminar a los pacientes en base a la ley vigente al momento del cese por incapacidad».

La funcionaria rionegrina aclaró que «Río Negro no es La Rioja», en referencia a la provincia norteña donde se detectaron jubilaciones «truchas». Agregó -con cierta molestia- que la Anses «no puede meter a todas las provincias en la misma bolsa y jamás devolvieron un expediente 'trucho', salvo que hicieron una evaluación con criterios distintos».

Qué es el Baremo

VIEDMA (AV)- El Baremo es un conjunto de normas que sirve para evaluar algo. Los médicos legistas lo consultan porque cada afección o enfermedad tiene un porcentaje que incide sobre la capacidad laboral de una persona.

Estos elementos de tabulación poseen una complejidad que sólo puede ser discernida por un profesional que tiene a cargo la responsabilidad de verificar si una persona puede o no continuar trabajando.

El trabajador deberá tener un 66% de incapacidad para obtener el beneficio. Este porcentaje -si bien surge del basamento tabulado- no siempre da el mismo resultado por persona, sino que permite hacer cálculos de acuerdo con las características de cada una de ellas.

Algunos expertos en el tema explicaron que cuando una persona padece un problema cardíaco puede estar incapacitado en un 30% y si además se le detecta una diabetes, el porcentaje se descuenta del 70 restante. Sin embargo, cada incapacidad, a su vez, depende de los grados de afección.

En cuanto a las distintas mediciones, indicaron que los médicos que trabajaron los casos -cuando los beneficios los administraba la provincia- «eran más flexibles, en cambio ahora hay más exigencias».

Muchos expedientes acumulados

VIEDMA (AV)- Unos 3.500 pasivos rionegrinos, de los 12.000 traspasados a la Nación en 1997, aún no tienen el beneficio jubilatorio definitivo como consecuencia de las demoras en recopilar la información.

La Unidad de Control Previsional -un ente residual que sucedió a la entonces Caja de Previsión- es la encargada de requerir a los organismos la respectiva documentación. Por ahora esos pasivos vienen percibiendo sus haberes de acuerdo a un anticipo jubilatorio otorgado en base a recibos de sueldos o declaraciones juradas.

Varios empleados de la UCP están acopiando la información sobre supuestas bonificaciones, antigüedad, aportes u otros trabajos realizados por el beneficiario en otras provincias.

Según fuentes de la UCP, las demoras se produjeron por varios motivos, como la gran cantidad de expedientes acumulados cuando los agentes rionegrinos se apuraron a retirarse años atrás con los beneficios de la Ley 2.092, y luego volvió a trepar el número de carpetas con los retirados del decreto 7.

Reducción de personal

A esto se sumó que de un centenar de agentes públicos que revistaban en la caja dejaron sus cargos, sólo quedaron unos 25. Además, los empleados del ente residual dependen de terceros para conseguir la información, por lo que en los organismos resulta engorroso revisar planillas salariales que llevan más de 10 años archivadas en lugares poco adecuados.

La mayor cantidad de expedientes atrasados pertenecen a ex agentes de Salud y Educación. En la actualidad, la UCP define la situación a razón de unos 200 expedientes mensuales, lo cual el cierre del total demandará un año más.

Las fuentes consultadas por «Río Negro» indicaron que «existen sótanos donde los empleados tienen que entrar con el agua a la rodilla» para retirar una caja conteniendo planillas, lo cual demuestra que «nunca le dieron importancia a la información que los organismos poseen».

Esta indefinición -de acuerdo con la versión oficial- provocó que varias veces se hayan otorgado beneficios por encima o debajo de lo que deben percibir. Sin embargo, se aclaró que resulta difícil determinar cuántos son.

Situación angustiante

VIEDMA (AV)- Pese la reserva que la Anses mantiene sobre los casos a verificar, se supo que entre los afectados se viven situaciones de angustia porque desde hace varios meses se les retiró el beneficio previsional, y se encuentran en un verdadero callejón sin salida.

No pueden trabajar, porque desde la repartición se les ha dicho que no están en condiciones motrices, y por otro lado los médicos de la Anses que estudiaron la afección les dieron apenas 1 ó 3% de incapacidad.

Para peor, si les confirman que ya no pueden volver a su trabajo se les restablece el pago pero sin ningún tipo de retroactividad, con lo cual nunca recuperarán los meses que estuvieron sin cobrar. Estos casos mantienen sensibilizados a los empleados de la Anses porque son los primeros en recibir los reclamos de las supuestas víctimas de este tipo de injusticias.