Revocan la orden de desalojo a mapuches en Cuesta del Ternero

La Cámara Primera de Bariloche no observó delito en las acciones de la comunidad Pichún, cerca de El Bolsón.



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La causa comenzó tras la ocupación de las tierras, en junio del 2009.

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SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La Cámara Primera en lo Criminal de esta ciudad revocó la orden de desalojo dictada por el juez Miguel Ángel Gaimaro Pozzi contra la comunidad mapuche Pichún, que reivindicó derechos ancestrales sobre una fracción de tierra en la Cuesta del Ternero, donde la empresa forestal Emforsa tiene plantaciones de coníferas. El fallo, fundamentado por el juez Alejandro Ramos Mejía, reconoció legitimidad al acto de recuperación territorial consolidado el 17 de junio de 2009 por varios “peñis” (dirigentes mapuches) con la construcción de una “ruca” (vivienda) en el sector original de la ocupación que inició la familia Valle, integrante de la Comunidad Pichún, en 1896. En mayo pasado Gaimaro Pozzi ordenó el desalojo de la comunidad y procesó por usurpación a seis de sus miembros en el marco de la denuncia promovida un año antes por el gobierno provincial, a través de Emforsa, que reclamó la propiedad sobre 265 has forestadas con especies exóticas. Las tierras en litigio se ubican a 15 kilómetros de El Bolsón. Ayer, dirigentes de la comunidad Pichún celebraron la decisión y sostuvieron que la Justicia les dio la razón. El fallo “reafirmó lo que siempre sostuvimos: no somos usurpadores; no hubo clandestinidad ni despojo en nuestro acto de reafirmación y reivindicación del territorio que llevamos adelante como parte del Pueblo Mapuche en defensa del territorio al que pertenecemos”, señalaron mediante un comunicado del Consejo Asesor Indígena. Los dirigentes recordaron que la recuperación territorial comenzó en junio de 2008, con la reafirmación de “una parte de la ocupación inmemorial e ininterrumpida del territorio y tomamos la decisión de reivindicar esa fracción”. Entre los objetivos de la recuperación destacaron que “nos paramos con orgullo ante el avasallamiento de quienes con la complicidad del Estado, toman, compran, venden y revenden, y se creen dueños de lo que nunca puede tener dueño: la Tierra”. En mayo, frente a la orden de desalojo de primera instancia, el CAI y referentes del Codeci denunciaron que la medida judicial violaba la ley nacional 26.160, que prohíbe los desalojos a las comunidades indígenas de todo el país hasta el 2013 y recordó que es el segundo caso que se registra en Tercera Circunscripción Judicial.


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