Rige la ley de protección para mayores de 60 años

Sociedad

La ley de protección integral para los mayores de 60 años está vigente desde la semana pasada. La misma promete garantizar cumplimiento “pleno de los derechos humanos” aunque puntualiza que los beneficiarios tendrá “acceso a los medicamentos, prótesis, incluidas las odontológicas, órtesis, ayudas técnicas y otros elementos necesarios para el mantenimiento y mejora de la salud”, como también, “los servicios de apoyo en domicilio”.

Esta prestación ya alertó a la obra social provincial porque algunos beneficiarios ya se presentaron con pedidos de esa cobertura.

La normativa no está reglamentada y, tampoco, se conformó la Comisión de Adultos para regular su implementación.

La proyección del INDEC -a partir del censo del 2010- consigna unos 94.000 mayores de 60 años en Río Negro. Además, unos 30.000 no tendría cobertura de salud. Ese universo concentrará la atención del Estado aunque, todavía, no existe un relevamiento propio.

La Dirección de Adultos Mayores -que es la autoridad de aplicación- adelanta que aún resta formalizar la reglamentación, en la cual, trabaja actualmente.

Aún el argumento de su falta de implementación, el Ipross ya recibió solicitudes y hay preocupación por estas nuevas erogaciones frente a un esquema financiero complicado del instituto provincial. La ley 5071 fue sancionada el 23 de setiembre y promulgada el 8 de octubre, con el decreto N° 1646. Su publicación se cumplió el pasado 22 de octubre.

El primer artículo garantiza “pleno de sus derechos humanos” y “regula el funcionamiento de las instituciones que prestan servicios de atención y protección integral de las personas en su vejez”. Se precisa que los beneficios alcanzará a todos los “adultos mayores de 60 años, que residen en forma permanente en Río Negro”.

La Dirección de Adultos Mayores de Desarrollo Social brindará “atención integral” por sus organismos o “en forma de responsabilidad delegada a asociaciones a los adultos mayores que carecen de grupo familiar primario o no disponen de los recursos mínimos necesarios para la satisfacción de sus necesidades básicas”. También fiscaliza los organismos y entidades registradas; y ejerce control de mayores.

El artículo sexto ratifica que “todos los adultos mayores gozan de los derechos constitucionales, garantizando las oportunidades para su pleno desarrollo físico, psíquico, moral, espiritual y social, en condiciones de libertad, igualdad y dignidad”. El punto 10 establece que “los adultos mayores tienen derecho a acceder a servicios de salud gratuitos de calidad y a recibir atención digna, integral y preferencial en los servicios de salud, ya sean públicos o privados en cualquier establecimiento sanitario o en su domicilio”. Precisa que se garantiza que tendrá “acceso a los medicamentos, prótesis, incluidas las odontológicas, órtesis, ayudas técnicas y otros elementos necesarios para el mantenimiento y mejora de la salud”, como también, “los servicios de apoyo en domicilio”.

También se prevé el “acceso a un Sistema Progresivo de Cuidados, que incluye el apoyo domiciliario, los centros de día y las residencias de larga estadía”. Se propicia la incorporación de recursos humanos que proporcionen atención especializada en geriatría y gerontología en todos los niveles de salud”.

También, prevé la promoción a la “construcción de viviendas protegidas, el mejoramiento integral de las viviendas en donde residan adultos mayores, atendiendo a su adaptación y posibilidades de accesibilidad, como así también mini residencias para adultos mayores”. Se protege a los mayores y, en esa línea, está la “obligación profesional” de quienes lo atiendan de denunciar cualquier hechos que vulneren esos derechos.

Además, se crea el Consejo Provincial de Adultos Mayores, presidido por la dirección Provincial, y se integrará por tres representantes de la Legislatura, uno de Desarrollo Social, otro de Salud, un tercero de Educación, un miembro de Salud y otro del PAMI, otro de Incluir Salud y, entre otros, dos cuidadores domiciliarios.

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