Rigen nuevas normas para telesillas en Bariloche

El Concejo Municipal aprobó las pautas internacionales de fiscalización de los medios de elevación. Establece la obligación de las empresas de pagar un derecho de inspección y prevé multas por incumplimientos. También contempla la clausura para el caso de que los medios no estén en aptitud para su uso. La donación de Capsa, en

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El Concejo Municipal formalizó ayer la aplicación de normas técnicas internacionales para la fiscalización de medios de elevación de pasajeros y carga por cable al aprobar por unanimidad el proyecto de ordenanza elaborado por el Ejecutivo.

La iniciativa, que adhiere a la reglamentación de la Organización Internacional del Transporte por Cable (OITAF), llenó un vacío normativo que en los hechos se cubría apelando a las mismas esas mismas recomendaciones técnicas.

La flamante ordenanza permitirá endurecer los controles que realiza el municipio dentro de su jurisdicción y dar mayores garantías de seguridad en el funcionamiento de los medios de elevación de la ciudad, ya que a partir de ahora podrá recibir actualizaciones y asesoría permanente.

La inquietud surgió a raíz del accidente ocurrido el 10 de agosto en la silla cuádruple del cerro Catedral que puso en tela de juicio las medidas de seguridad y los medios de fiscalización vigentes en la actividad, más allá de las jurisdicciones.

Las normas y recomendaciones técnicas de la OITAF están vigentes en la provincia y fueron incorporadas en los pliegos de la licitación realizada en 1992 para la readecuación de concesiones en el cerro Catedral.

La ordenanza establece una imposición fiscal de 170 pesos (100 unidades de valor) para la presentación de informes y derechos de inspección y multas de 1.700 a 3.400

pesos por eventuales incumplimientos de la normativa OITAF.

Además contempla la clausura del medio de elevación que «no cumpla las condiciones de operatividad y aptitud para su uso» y reafirma la vigencia del Reglamento Eléctrico Municipal sobre las instalaciones eléctricas de telesillas, telesqui, teleféricos y otros.

 

Donación postergada

 

En contrapartida, los ediles retornaron a comisión el proyecto de ordenanza 209/04 que dará estatus legal al convenio de donación suscripto entre el municipio y Catedral Alta Patagonia el 3 de junio pasado.

En el mismo, la empresa se comprometió a abonar «en concepto de donación» un peso -$ 1- por cada pase diario o de medio día vendido, destinado a «obras de acción social» que la municipalidad debe rendir mensualmente.

El presidente del Deliberante, Marcelo Cascón, aclaró a «Río Negro» que «la revisión obedece a aspectos formales» que serán analizados por la comisión de Economía. El edil restó importancia a la demora en función de que «los fondos ya están ingresando al municipio e incluso ya se hizo la modificación prespuestaria correspondiente».

Durante la sesión de ayer también se aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza que prorroga la vigencia de la mesa de Concertación Social creada en febrero de 2002 para aunar esfuerzos públicos y privados con el fin de paliar las graves carencias que afectaban a una amplia franja de la población local.

Este ámbito de diálogo que reúne a una veintena de instituciones intermedias de la ciudad tuvo a su cargo una importante cantidad de programas asistenciales, trabajó fuertemente en temas de discapacidad, ordenamiento de los sectores vinculados al basural y organizaciones de jóvenes, entre otras tareas.

Los chicos no pudieron llegar

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Problemas burocráticos de Educación impidieron que los alumnos del CEM 97 presenciaran la sesión ordinaria de ayer, en que estaba previsto que ocuparan las bancas de los ediles para conocer de cerca su trabajo.

Los estudiantes de ese establecimiento iban a ser los iniciadores del programa cívico «si yo fuera concejal» que el Deliberante pretende institucionalizar el año próximo.

«Problemas de comunicación» entre los supervisores de la institución educativa y la compañía aseguradora echaron por tierra las ilusiones y el trabajo previo realizado por los jóvenes y sus profesores.

Para peor, el CEM de las 34 Hectáreas tiene un alumnado de escasos recursos económicos que juntó fondos con esfuerzo e imaginación para pagar el transporte que los trasladara hasta el Centro Cívico y poder participar de la fallida experiencia.

El programa «Si yo fuera concejal», formalizado por resolución, busca formentar la participación ciudadana y mejorar la preparación cívica de los jóvenes en un trabajo conjunto con Educación. La iniciativa data de 1992 pero nunca fue puesta en práctica orgánicamente.

Pese al traspié de ayer, Cascón manifestó la decisión de promover el programa para que los jóvenes conozcan de cerca cómo se elaboran las normas.


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