Río Negro demandó a SAERSA, la empresa que antes alentó y subsidió

VIEDMA (AV).- La provincia de Río Negro demandó por más de 650.000 pesos a SAERSA, la empresa de porteros en proceso de liquidación. El Estado rionegrino pretende recuperar una deuda de SAERSA con la obra social por retenciones y aportes pendientes de sus empleados, que fueron reintegrados a la administración pública.

Este reclamo judicial llega después que Río Negro auxilió el año pasado a esa sociedad de los porteros con 500.000 pesos y, luego, resolvió la reincorporación al Estado de los trabajadores frente a las dificultades financieras de SAERSA.

La misma cumple los trámites de liquidación, aunque se complica por deudas con la AFIP, que superarían los 3 millones de pesos.

El último día hábil del 2007, la provincia presentó una demanda contra SAERSA en el juzgado civil que conduce Alejandro Moldes.

El monto reclamado a la ex empresa de porteros «equivale a 624.840,19 pesos del capital más 63.000 pesos presupuestados provisoriamente para responder a intereses, costas y costos del juicio».

Incluso, se solicitó que se disponga embargos de las sumas que SAERSA disponga para cobrar en los «ministerios de Educación y Gobierno y a la Tesorería General de Río Negro».

Hace un año, en enero del 2007, el gobernador Miguel Saiz firmó el decreto N° 8 con el cual otorgó un subsidio de 517.028 pesos, destinado a compensar los gastos asumidos por SAERSA en ocasión del incendio de junio del 2000. Obviamente, ese aporte público pretendía oxigenar financieramente esa empresa, cuya situación ya era muy complicada.

También, el gobierno provincial cumplió con alguna actualización de los valores en el contrato relacionado con el mantenimiento de edificios escolares.

Nada alcanzó, pues en el segundo semestre SAERSA no pudo sostenerse y el Estado reincorporó a los porteros. En el marco de la reforma estatal, esta sociedad fue creada en 1999 en el marco de un convenio entre UPCN y el ex gobernador Pablo Verani.

Algo más de 150 trabajadores pasaron de SAERSA al Estado, entre unos 110 porteros y socios, mientras que otros 40 eran empleados de la sociedad para liquidar.

Según el compromiso, el mínimo establecido sería de 1.100 pesos mensuales. La decisión se transformará en un costo anual de 2,5 a 3 millones.

Entre otras razones, el funcionamiento de la sociedad mantuvo una dificultad seria en sus costos ya que no logró -como pretendía en sus inicios- la eximición del IVA en sus servicios. Igualmente, no canceló ese impuesto, pero esa carga impositiva se transformó en un inconveniente en su marcha empresarial.