Río Negro dispondría de mayores fondos

Los cálculos iniciales rondan los 1.500 millones de pesos anuales. En la provincia equivale a casi dos masas salariales.



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En el gobierno rionegrino ya hacen cuentas. (Foto: Archivo)

Provinciales

Río Negro dispondría de 1.600 de 1.700 millones de pesos anuales si la Nación elimina la quita del 15% de la coparticipación federal que el gobierno nacional retiene de las provincias para financiar la ANSES. La Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional ese descuento, resolviendo su inmediata suspensión y proponiendo un diálogo entre las partes que concluya en un nuevo régimen de coparticipación.

El fallo judicial se conoció en la última semana y, todavía, hay dudas de su efectivo alcance. La Nación, sumergida en el recambio de autoridades, nada ha dicho todavía.

Aún así, en la cartera económica de Río Negro existe optimismo, analizan proyecciones pero no arriesgan números. Ni tampoco, obviamente, incluirán ninguna asignación en el presupuesto del próximo año, que mañana se estaría presentando en la Legislatura.

Las estimaciones más cautelosas hablan de ingresos adicionales de unos 1.400 millones anuales, pero cálculos más reales llevan esa disponibilidad entre los 1.600 a 1.700 millones. En Neuquén, el diputado Daniel Baum (DC) estimó para esa provincia ingresos de 1.500 millones con la suspensión de esa retención para la ANSES. El índice de coparticipación rionegrino es mayor al neuquino.

En la última reunión del Consejo Federal de Impuestos, los ministros económicos analizaron cuál sería el impacto financiero de la restitución del 15%. El primer número proyectó una masa coparticipable que rondaría los 70.000 millones y, en ese caso, Río Negro -con su actual coeficiente- superaría los 1.700 millones.

Vale dimensionar esas transferencias. Ese monto equivale a casi dos masas salariales actuales del Estado rionegrino. Obviamente, cualquier nueva asignación también tendría su incidencia en los ingresos municipales.

En Economía se advierte que este fallo acelerará la discusión de un nuevo régimen de reparto de los fondos nacionales, que se preveía en la Constitución Nacional de 1994 pero nunca se avanzó por la resistencia de los gobiernos centrales.

En principio, la Corte Suprema declaró inconstitucional la retención del 15% que el Estado nacional realizaba en la coparticipación que corresponían a las provincias. Esa quita se justificaba en el financiamiento de la ANSES, a partir de un acuerdo Federal de 1992. Las demandas judiciales fueron planteadas por Santa Fe, San Luis y Córdoba, que serán beneficiadas incluso con sumas retroactivas.

La derivación a la ANSES se justificaba porque el sistema era deficitario y la quita se mantuvo después del 2006, vencido el plazo del Pacto se aprobó una ley que extendió esa retención hasta una nueva ley de cooparticipación. La Corte consideró que la situación original se había modificado y la ANSES registraba superavit, con una “rentabilidad del 35%”.

El mismo fallo alienta un diálogo institucional entre la Nación y las provincias para alcanzar un nuevo Pacto Federal Fiscal, revisando el actual esquema de distribución de recursos que se remonta a 1988.

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