Río Negro: en busca de un jaque al Tribunal de Cuentas

GOBIERNO

La Legislatura abrirá hoy a las 11 el análisis del pedido de juicio político de los dos vocales del Tribunal de Cuentas, Erika Acosta y Juan Huentelaf, por “mal desempeño e incumplimiento de deberes”, en referencia a la fijación de sus haberes.

Hoy se reunirá la Comisión Acusadora, que preside Tania Lastra, y solicitará una ratificación o rectificación al denunciante, el exlegislador Daniel Cortes. Tras esa confirmación, la Comisión analizará la denuncia y avanzará en la investigación, con un plazo de 40 días para llegar a la Sala Acusadora, de 23 legisladores.

La Comisión Acusadora es presidida por Lastra y se integra por Roxana Fernández y Leandro Tozzi por el FpV, y Alejandro Betelú y Adrián Casadei por la UCR. Este legislador podría excusarse, pues el Tribunal lo está enjuiciando por gastos reservados legislativos no rendidos del 2011, como ocurre con otros 13 expresidentes de bloques. Ese listado incluye al denunciante Cortés.

Más allá de las reacciones de esos enjuiciados, el Tribunal y el gobierno están enfrentados, especialmente desde el inicio del 2014 cuando el gobernador Alberto Weretilneck dispuso la baja de los haberes de los órganos de control.

Luego el Tribunal de Cuentas se dedicó a los expedientes sobre presuntas irregularidades de la administración provincial. En esa disputa, el bloque pichettista adelantó su rechazo al juicio al entender que existe un “revanchismo por haber tomado decisiones en su faz administrativa que involucra al poder político”.

La presente denuncia se remonta a una resolución de diciembre del 2011 donde el Tribunal mantuvo su criterio de establecer sus haberes con resoluciones de adicionales especiales. En este caso, aquel cuerpo -que lo integraban Acosta y los radicales Carlos Malaspina y Pedro Casariego- estableció un adicional por “incumbencia”. El resultado siempre era el mismo: los vocales cobraban más que un legislador, que constituye su parámetro fijado por la Ley 2.747. En este incumplimiento radica la actual denuncia.

El oficialismo tiene mayoría en la Comisión para avanzar en la acusación y lo mismo ocurriría en la Sala, donde se requiere dos tercios de los presentes para elevar el proceso al juzgamiento. El mecanismo prevé que esa elevación determina la suspensión de los acusados, sin goce de haberes.

Aquella mayoría de la Sala Acusadora no existe en la Sala Juzgadora, entonces la estrategia oficial se restringe a lograr y extender las provisorias suspensiones de Acosta y Huentelaf. Para eso, la formal votación y la elevación de la acusación en noviembre no permitiría la rápida resolución de la Sala Juzgadora, porque se ingresaría en período extraordinario o no legislativo. La Constitución exige un fallo de juicio “antes de los 30 días”. (AV)