Río Negro no quiere seguir perdiendo regalías

El gobierno rionegrino pidió a la Corte Suprema de Justicia que se declare la inconstitucionalidad del actual régimen de liquidación de regalías petroleras y gasíferas.

En vigencia desde 1990, ese mecanismo -según estimó Río Negro en su demanda- determinó un daño de 102 millones en los últimos 8 años. Los anteriores no se pudieron todavía cuantificar porque la provincia no dispone de documentación, que está en la Secretaría de Energía de Nación.

El reclamo se origina en el método de liquidación. Actualmente, se considera el valor del mercado local mientras la norma anterior preveía los cálculos sobre los precios internacionales.

Esa decisión originó no pocos cuestionamientos al gobierno de Pablo Verani. En oportunidad de la interpelación al ministro José Luis Rodríguez, el diputado Guillermo Wood denunció pasividad de la administración provincial, recordando que Neuquén ya mantenía una demanda judicial para recuperar esa diferencia. Se llegó a constituir una comisión especial de la Legislatura pero los cruces se mantienen.

Recientemente, la Fiscalía de Estado -a cargo de Sergio Ceci- entabló demanda contra la Nación para promover «acción declarativa de inconstitucionalidad» del decreto 1757/90, publicado en el Boletín Oficial el 6 de setiembre de 1990. La norma -dice la presentación- resulta «inconstitucional e ilegítimo, ocasiona un perjuicio a Río Negro consistente en una liquidación ostensiblemente menor a la que correspondería» de aplicarse la ley 23.097.

En el apartado «del régimen de combustibles», el decreto suspende el esquema en vigencia y modifica el «cálculo de las regalías petrolíferas y gasíferas». Se establece que se considerará «el valor boca de pozo del petróleo y gas natural según los precios para el mercado local» mientras el anterior esquema «tomaba como parámetro los precios del petróleo internacional».

Entre los fundamentos, Río Negro expresa que «el decreto 1757 modifica una ley dictada por el Congreso (23.697)» y constituye una «absoluta contradicción con lo dispuesto por la doctrina y jurisprudencia».

Recordó que el decreto «obedecía a una circunstancia transitoria -la Guerra del Golfo de 1990- que elevó el precio del petróleo» y concluida «se debió dejar sin efecto porque se vulnera la división de poderes» y la Constitución.

Se explicó que las concesionarias abonan regalías a las provincias «por cuenta y orden del Estado Nacional». Cuestionó que las provincias resulten «meras expectadoras» de la cuestión. Por eso, se pidió también la inconstitucionalidad del decreto/ley.

Un informe de la Dirección de Minería e Hidrocarburos -basado en la consultora Platts A División of the Mc Graw Hill Companies- estima un daño para Río Negro de 102.655.824 pesos. Para el análisis se cotejaron «los valores de liquidación de regalías de petróleo y gas por una u otra norma». En principio, el Estado provincial pidió la inconstitucionalidad para suspender la aplicación del actual sistema. Según la Fiscalía, la presentación se planteó para evitar la carga de costas y pericias judiciales. (AV)