Río Negro Online / Opinión

En forma casi unánime, los analistas políticos, ante la decisión del Dr. Menem, expresan preocupación sobre un posible daño institucional y respecto de la fortaleza del nuevo gobierno. Es imposible, por ahora, descartar que esos efectos adversos puedan producirse, pero, en cambio, sí puede la ciudadanía actuar para anularlos o, por lo menos, minimizarlos. Lo que Menem se haya propuesto provocar o si su actitud se debe a que no quiere sufrir una derrota humillante, es algo que ni vale la pena considerar, ya que lo que verdaderamente interesa no es su intencionalidad sino la realidad de las consecuencias. Sin embargo, hay muchos antimenemistas recientes que, buscando reposicionarse políticamente, están más preocupados en hostigar a quien fue hasta hace poco su líder, que en los verdaderos daños que esto pueda causar al país.

Si nos apartamos de esos ejercicios, la verdad es que la actitud de Menem, que puede conducirlo a un descrédito aún mayor que el que ya padece, puede merecer condenas o críticas, pero no creo que vaya a modificar la realidad institucional o política.

En cuanto a lo primero, es cierto que no hay antecedentes de una situación como la presente, ni aquí ni en el resto del mundo, pero eso es casi anecdótico ya que la propia Ley Electoral prevé la posibilidad de renuncia de una de las dos fórmulas seleccionadas. Si ello es así, no hay quiebre o debilitamiento alguno del sistema porque éste, al disponer la solución para el caso, está confirmando que él está dentro y no fuera de la institucionalidad. No hay pues daño institucional.

Tampoco hay daño a la fortaleza del nuevo gobierno. Es una realidad inmodificable que en la primera vuelta el Dr. Kirchner obtuvo el 22,5% de los votos y que el Dr. Menem, aun logrando el primer lugar, resultó derrotado porque quedó confirmado que: I) Eran falsas sus expectativas públicamente anunciadas de que obtendría más del 30% de los votos; II) Era falsa la invocación del «voto vergonzante», aquél que se decía no reflejaba las encuestas porque la gente no quería decir que votaría a Menem; III) Era cierto lo informado unánimemente por las encuestas respecto de que cerca del 70% de la ciudadanía rechazaba al ex presidente. Además, todas las encuestas arrojaban, para la segunda vuelta electoral, una diferencia de 40 puntos en favor de Kirchner. No hay daño a la fortaleza del nuevo gobierno.

Simplemente se está confirmando la realidad que refleja la voluntad cívica: sólo un 22,5% de la ciudadanía apoyó a Kirchner, aunque en la obligada opción podría haber obtenido mejor porcentaje. Pero esos votos venían de la opción y no de origen, no le «pertenecen» en el sentido de apoyo a su programa de gobierno y ello, en cualquier caso, con o sin ballottage, le impone la búsqueda de consensos y mejorar la calidad del diálogo y de la consulta con la gente que se suele utilizar desde el poder. Esto no se altera con o sin ballottage.

El nuevo presidente tendrá legitimidad pero, y esto puede ser más que positivo, la fortaleza estará en la sociedad civil que no dará cheques en blanco, pero que está dispuesta a abrir una cuenta corriente que se enriquecerá en favor del nuevo presidente, si éste es capaz de satisfacer anhelos de la población tan viejos y fuertes como es la solución de los problemas que los errores del poder vienen cargando sobre la espalda de la gente, y como es la mejora de la calidad institucional, el respeto al Poder Judicial, la transparencia de la política y de la administración. Finalmente, para los que protestaban por tener que participar en la «interna peronista», por favor no se enojen o amarguen porque ahora, por la decisión de Menem, hayan sido relevados de tal obligación.

Cuidado, hay intereses muy fuertes que han sido derrotados en esta elección. Ellos están muy interesados en sembrar dudas y hasta tristezas. Les conviene afirmar que lo de Menem conspira contra la gobernabilidad. Antes actuaron asociados a él y a otros para lograr aquella gobernabilidad que les permitió obtener increíbles beneficios. Hoy les sirve condenarlo y culparlo de que no haya gobernabilidad. La respuesta que debemos dar, con nuestro comportamiento, y sin firmar cheque en blanco, es que, con o sin ballottage, el sistema funcionará y fortalecerá a quien esté guiado por el bien común.

Quien lo haga, quien de esa forma decida desde el poder, ganará crecientes espacios de gobernabilidad aunque lo haya votado sólo el 22,5% de los ciudadanos. En cambio, aun con el 70% de los votos, si decidiera guiado por otros intereses, rápidamente se encontraría con un país ingobernable.

(*) Ex candidato a presidente de la Nación

por la Democracia Cristiana.