Río Negro Online / opinión

Hay una lista del gobierno de George Bush de la que se ha hablado bastante en estos días, que incluye hasta ahora a 35 países, casi todos pequeños, pobres y débiles, que se negaron a otorgar inmunidad a ciudadanos estadounidenses -o aun a quienes no lo sean si sirven a las Fuerzas Armadas de ese país- contra la posibilidad de ser llevados a juicio ante la Corte Penal Internacional. La sanción consiste en la suspensión de la ayuda militar que Estados Unidos les da y que por lo general consiste en la venta de material bélico anticuado y, tal cual sucedió en la «Escuela de las Américas», capacitación para la lucha antisubversiva. En América Latina los países así «castigados» son hasta ahora Colombia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela y Belice. Los que aceptaron la exigencia y, por lo tanto, podrán seguir recibiendo ayuda militar para cualquier guerra que tengan que afrontar son Bolivia, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Sobre Chile hay un signo de interrogación. Si firmó, lo mantiene en secreto. La Argentina no firmará, pero, lamentablemente, podría mantenerse la ayuda militar gracias a que el gobierno de Carlos Menem logró para el país la honrosa jerarquía de «aliado extra OTAN». Como quiera que sea, la suma total de ayuda prevista para los próximos tres meses en el presupuesto estadounidense dista de ser cuantiosa: apenas llega a los 47 millones de dólares, aproximadamente lo que podrá costar un tornillo del bombardero hipersónico que el Pentágono se propone poner en el aire dentro de las próximas dos décadas, capaz de volar a más de 12.000 kilómetros por hora. El presupuesto militar solicitado por Bush al Congreso a principios del 2002 para este año era de 380.000 millones de dólares. En la última década la ayuda militar de mayor magnitud que Estados Unidos dio a la Argentina fue la venta de 36 cazabombarderos A4-AR «Fighting Hawk» -llamados Skyhawk durante la guerra de Vietnam- en 284 millones de dólares. El convenio se firmó en setiembre de 1997, después del pase a retiro del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, brigadier Andrés Antonietti, quien se oponía a la compra alegando que esos aviones eran «chatarra», debido a que volaban desde los años «70. Del monto total pactado, 70 millones irían a la marina estadounidense y el resto a la empresa Lockheed, que se haría cargo de la modernización y equipamiento (con radares de última generación) de las máquinas en su fábrica de Córdoba, heredera de la estatal Fábrica Militar de Aviones, Eran, en efecto, aviones de descarte. El extinto canciller Guido Di Tella visitó la fábrica para interesarse por la modernización de los primeros 18 aviones. Siempre informal, se le ocurrió hablar con un operario sobre la velocidad de los F-16 que Chile se proponía adquirir. La respuesta fue «ésos son mucho más rápidos». La comparación no paró ahí. El obrero dijo también que «los A-4 son como un Ford Falcon, los F-16 como un Mondeo». Las negociaciones se completaron en 1997. En abril de ese año el diario «La Nación» informó que con las pérdidas de material originadas en la guerra de Malvinas la Fuerza Aérea argentina había perdido un 75% de su capacidad operativa, la que se habrá recuperado con la incorporación de los 36 A4-AR, con la ventaja de que estas máquinas traerían consigo un avance tecnológico de por lo menos dos décadas, debido a la incorporación de electrónica de última generación. Naturalmente, no se puede dejar de pensar en que, de no haber tenido en 1982 el poder aéreo con el que contaba, la dictadura entonces a cargo de Leopoldo Galtieri no habría invadido las Malvinas y, consiguientemente, los compatriotas que murieron allá, o en el General Belgrano, o que se suicidaron después, habrían sobrevivido. Por descontado que la recuperación del poder aéreo no será utilizada para ninguna otra aventura. Ya no existen hipótesis de conflicto con nuestros vecinos poderosos, y si alguna se restableciere, viene bien tener en cuenta que el poder militar de ellos es superior al nuestro. Es algo que no se registró debidamente cuando se atacó al Reino Unido, como tampoco que la Argentina no tendría a Estados Unidos a favor, sino en contra. Como alguna vez a este columnista el preguntar para qué sirven las Fuerzas Armadas le valió la encendida réplica de un general, no volverá a hacerlo. Con un general en contra es suficiente. Pero el gasto de 284 millones de dólares en esos aviones merece algunas líneas en esta Argentina que, seis años después de la compra, tiene entre sus principales productos de exportación la soja y la gente. Con esos 284 millones no se puede resolver el drama de la pobreza, pero -es uno entre tantos ejemplos- sobrarían para pagar el Trasandino de Sobisch. En algunos días más se confirmará si ingresamos a la lista o si, por ser miembros de segunda de la OTAN, quedamos fuera. Mientras estemos a tiempo, habría que hacer una presentación formal ante el presidente Bush para que nos incluya.