Río Negro Online / opinión





El viernes de la semana pasada, 1 de agosto, el presidente de la República, Néstor Kirchner, emprendió un viaje en un helicóptero en la provincia de Jujuy. El piloto, al comprobar que por el peso que llevaba la máquina no podía ascender a más de 150 metros, decidió hacer un aterrizaje de emergencia. Felizmente, lo logró. El aparato se posó sobre el lecho seco de un río. Desde allí y con alguna ayuda el mandatario y sus acompañantes treparon por una barranca y llegaron hasta un camino, donde reanudaron el viaje en automóvil. Los dos helicópteros presidenciales (uno de ellos igual al del presidente de los Estados Unidos, que Menem se hizo comprar para no ser menos) están fuera de servicio porque no hay dinero para repararlos. Es probable que, si el piloto hubiera insistido en ascender, la máquina habría caído o se habría estrellado contra una montaña. Entonces, el presidente ahora sería Daniel Scioli, quien -al contrario de Kirchner- no habría sospechado de la distribuidora Edesur por el apagón que dejó sin energía eléctrica a unos 400.000 habitantes de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Otra emergencia. Después de la emergencia jujeña se supo que la hermana del presidente, la ministra de Salud y Acción Social Alicia Kirchner, había pasado por una emergencia más en Posadas. Sucedió que al auto que la transportaba se le salió una rueda. Es un accidente raro, mucho más si se trata del auto de un ministro. Pero pasó. Naturalmente, la sensación de precariedad que cualquier habitante de este país siente, debido a que la vida cotidiana se ha convertido en un azar, empeora al observar que hasta el presidente y una integrante de su gabinete también experimentan el acoso del riesgo. Kirchner está haciendo de la informalidad un estilo, pero viajar en un helicóptero sobrecargado parece una exageración. Como quiera que sea, lo cierto es que nadie está seguro en la Argentina. Los índices de delincuencia no paran de subir, como no para de descender la edad de quienes hacen del delito una forma de vida (quizás porque no encuentran otra). Un argentino que no tenga algo para contar respecto de algún hurto o robo del que haya sido víctima es una envidiable «rara avis». Como la necesidad tiene cara de hereje, en la Argentina de hoy se roba de todo. Por ejemplo, se roban placas de bronce de los monumentos, o piezas de hierro de las torres de alta tensión. En este último caso la torre suele caerse si sopla fuerte, y mucha gente se queda sin luz. En cierto modo, vivimos en emergencia. Se nos dirá que como formamos parte de una sociedad civilizada, en la que el Estado ejerce el monopolio de la fuerza, están los organismos de seguridad para enfrentar a los delincuentes, capturarlos y ponerlos a disposición de los jueces, quienes les impondrán las condenas a prisión que correspondan y los enviarán a la cárcel. Pues bien: así era antes, hace mucho, pero hoy ya no lo es. Hoy está todo mezclado. Antes el campo que separaba al delito de la ley era ancho y nítido: de un lado estaban los ladrones, del otro los policías. Hoy, en cambio, cuando uno habla de ladrones, no puede excluir a los policías. Sólo en la Bonaerense hay 135 comisarios que están siendo investigados porque sus patrimonios son sospechables. Además, en la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia se abrieron, en el último año, 1.162 causas contra miembros de la fuerza. Como hay policías honestos, hay jueces y funcionarios judiciales que también lo son. Pero es público y notorio que el más alto tribunal de justicia del país y muchos inferiores están muy lejos de responder a los exigencias de buena conducta que las constituciones y las leyes les imponen. De modo que tampoco por aquí se puede encontrar algún remedio a la inseguridad. Con todo, y como las cárceles están repletas, hay que suponer que, por lo menos, algunos delincuentes reciben el castigo que las leyes penales establecen para quienes las infringen. Pero, lamentablemente, desde hace años venimos viendo que los delincuentes alojados en las prisiones del país no son solamente aquellos enviados por los jueces sino sus guardianes del Servicio Penitenciario Federal. Según la información difundida el miércoles pasado, el gobierno nacional pasó a retiro a 69 integrantes del SPF, incluidos los directores de las cárceles más importantes, sospechados de enriquecimiento ilícito, graves violaciones a los derechos humanos, torturas y asesinatos. Existe, en relación con esos delitos, un «leading case» que fue el asalto al restaurante Dolli, cometido en la Capital Federal en 1998. A partir de la confesión de un preso, que admitió que lo habían dejado salir para robar, se desató una serie de asesinatos en las cárceles que tuvieron el objetivo de ahogar cualquier otra confesión. La Argentina es, como se puede ver, un país en el que domina la precariedad. Desde el presidente hasta los presos, nadie está seguro.


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