Río Negro pondrá en “cartelera” a sus acreedores

La Comisión de Transacciones Judiciales inició ayer la evaluación del mecanismo para la revisión de la deuda asumida por el Estado antes del 10 de diciembre, que se estima en más de 500 millones de pesos. Habrá una categorización, con acreencias excluidas, como aquellas menores de 10 mil pesos, las originadas por locaciones o los servicios tarifados. Además, el listado de acreedores será publicado en la página oficial. La reglamentación -cuyo borrador quedó acordado ayer- establecerá aproximadamente un plazo de unos cuatro meses (en principio, “80 días hábiles”) para el relevamiento y la verificación de las obligaciones pendientes de pagos. Cumplido ese tratamiento, la Comisión difundirá quiénes son los acreedores, los montos y los conceptos, proponiéndose que existan “aportes” de los ciudadanos. El análisis reunió al fiscal de Estado, Pablo Bergonzi; al ministro de Economía, Alejandro Palmieri; al secretario Legal y Técnico, Nicolas Rochas; al presidente del bloque oficialista, Pedro Pesatti y, por la oposición, al legislador Facundo López, acompañado por el secretario de la bancada de la Concertación, Sergio Ceci. La reunión de la víspera permitió la conformación de la Comisión, que consideró un borrador y resolvió el proyecto reglamentario para cumplir con la decisión gubernamental de revisar la deuda formalizada durante la gestión anterior. En principio, cada ministerio u organismo deberá cumplir con un relevamiento y verificación de la deuda, asignando incluso un tiempo al acreedor para su eventual oposición administrativa. La firma del decreto pondrá en marcha el cronograma dispuesto por la Comisión. Hasta ahora, los funcionarios sólo efectúan estimaciones del total de los pasivos, basándose de un monto inicial de 400 millones registrado en Economía. Se admite que podría oscilar entre 500 a 600 millones por los expedientes dispersos en otras carteras. Asimismo se ratificó el borrador propuesto que plantea que ciertos expedientes queden directamente exceptuados del tratamiento. Por caso, los montos menores a 10 mil pesos, las deudas por locaciones de inmuebles y, entre otras, los servicios tarifados. La reglamentación también facultaría a la Comisión para ofrecer un tratamiento excepcional si la postergación del pago originaría inconvenientes en las prestaciones de los servicios estatales. La novedad que fijaría la reglamentación es que la Comisión concluirá con un registro general de acreedores, montos, conceptos y domicilios. El mismo se prevé su publicación en la página oficial, con la posibilidad de observaciones y aportes por parte de los vecinos, según contempla la iniciativa que acordaron en la Comisión. (AV)