Río Negro quiere los beneficios de la emergencia 

 VIEDMA (AV).- Río Negro suspenderá trámites y obligaciones judiciales contra el Estado y abonará con bonos a 16 años las deudas con proveedores. Estas medidas están encuadradas en el expreso pedido del gobierno de Pablo Verani de sumarse al esquema de emergencia económica que Nación debate en el Congreso.

La postergación de todos los compromisos judiciales será “por 180 días hábiles” (algo más de 8 meses) y la consolidación alcanzará a deudas anteriores al 31 de diciembre pasado. Estas obligaciones todavía no están cuantificadas aunque se estima que rondarán de 50 a 60 millones.

La opción de adhesión de las provincias a esa futura ley -que sería aprobada en febrero- actualmente es gestionada por los diputados Jorge Pascual y Roberto De Bariazarra. En diálogo con “Río Negro”, Pascual se mostró ayer confiado en esta incorporación legislativa, lo cual, afirmó ya está planteado al presidente del bloque del oficialismo, Horacio Pernasetti. El legislador rionegrino también afirmó que “De Bariazarra está efectuando igual gestión en la Comisión de Presupuesto y Hacienda”.

Por su parte, el ministro de Economía, José Luis Rodríguez, explicó ayer que el interés real corresponde a la suspensión de los juicios y los pagos con bonos de la deuda flotante. En cambio, relativizó medidas laborales que también prevé el programa de emergencia nacional. Por ejemplo, la suspensión contratos y la movilidad laboral del personal de la administración pública. “Esos instrumentos ya están legislados en Río Negro”, explicó el ministro.

Juicios y proveedores

Por eso, la adhesión de Río Negro está centrada en postergar obligaciones judiciales y los bonos para su deuda flotante. El artículo 7 establece que plantea la suspensión “por 180 días hábiles judiciales” -más de ocho meses- toda “tramitación de juicios que tengan por objeto el cobro de sumas de dinero contra el Estado Nacional o entidades autárquicas”. También, se posterga por ese plazo “la ejecución de sentencias que los condenen al pago de dinero”. Se aclara que durante “dichos términos se suspende el curso de la prescripción y caducidad de las acciones y de las instancias”.

No fue confirmado oficialmente el monto de la deuda no consolidada que Río Negro mantiene con proveedores. Algunas estimaciones iniciales anticipan que rondaría de 50 a 60 millones. Lo cierto es que la adhesión a la emergencia económica habilita a la provincia para emitir bonos de iguales características a los títulos nacionales. Por lo pronto, la consolidación planteada está centrada en obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 1.999 y que “consistan en el pago de sumas de dinero, cuando el crédito sea o haya sido reconocido por acto administrativo firme o pronunciamiento judicial pasado en autoridad de cosa juzgada, y cuando se trate de obligaciones accesorias a dicho crédito”.

Así, se dispone de la “emisión de bonos de consolidación (cuarta serie), a 16 años de plazo, a partir de la promulgación”. Se prevé un período de gracia de 6 años donde “los intereses se capitalizarán mensualmente”. “A partir del séptimo año, el capital acumulado se amortizará mensualmente en la forma y condiciones que establezca la reglamentación”, anticipa el artículo 14 de la iniciativa a la que quiere incorporarse el gobierno provincial.

Entre otras acciones, el proyecto también dispone la revisión y renegociación de contratos y se faculta al Poder Ejecutivo Nacional para “reubicar al personal” de la administración pública.