Río Negro quiere saber quién trabaja en los PER

VIEDMA (AV)- La Secretaría de Trabajo de Río Negro pondrá en marcha próximamente un sistema de monitoreo con el propósito de determinar si los desocupados que fueron beneficiados con Programas de Empleo Rionegrino (PER) cumplen con la contraprestación que se exige en la reglamentación por el uso de fondos oficiales para solventar esos precarios sistemas laborales.

La decisión oficial fue tomada en ese ámbito con la intención de controlar la situación de unos 700 beneficiarios de contratos transitorios. Estos, en realidad, representan una cifra exigua y fácil de controlar como para verificar su trabajo frente a los 26.000 beneficiarios que tiene en la provincia el Plan Nacional de Inclusión Social Jefas y Jefes de Hogar.

Los controles estarían a cargo de un cuerpo especializado conformado principalmente por jóvenes quienes previamente serán capacitados, según indicó el director de Empleo de ese organismo, José Luis González.

Algunos de los beneficiarios están desarrollando tareas de mantenimiento de espacios verdes y alfabetización en Viedma, San Javier, Guardia Mitre, Sierra Colorada, Maquinchao y Pilcaniyeu.

Si bien no existe un justificativo como para echar mano a este tipo de controles, el programa estuvo fuertemente cuestionado tiempo atrás sobre el régimen de cancelación indirecta de los beneficios que mensualmente alcanza a los 150 pesos por beneficiario.

En este marco, el fiscal de Investigaciones Administrativas, Pablo Berraz, denunció penalmente ante el juez Pedro Funes para que investigue el mecanismo de entrega de fondos ya que advirtió varias irregularidades en su inicial evaluación.

A raíz de esto, el actual titular de la secretaría, Rodolfo Ledo, se vio obligado a adoptar un mecanismo más ágil y transparente de pago desde mayo.

Este sistema pudo implementarse mediante un convenio que la secretaría firmó con una empresa recaudadora de caudales para distribuir los fondos en las diferentes localidades, que representan unos 70.000 pesos.

Por otra parte, la secretaría debió acudir a una audiencia de conciliación en el ámbito de la Defensoría del Pueblo como consecuencia de los constantes reclamos de asistencia de una agrupación de desocupados hacia el Estado.

Entre los reclamos de los desocupados figuran que muchos de ellos están excluidos de toda ayuda económica y social, pese a que en diciembre pasado la secretaría les aprobó el ingreso de 120 beneficiarios a los (PER).

Formularon un pedido de informes acerca de qué presupuesto asignó la Secretaría de Trabajo para los PER, cantidad de beneficiarios que tendrían acceso y número de desocupados por localidad.

Además, solicitaron información sobre qué medidas adoptó el gobierno rionegrino para paliar la situación por la que atraviesan las familias de desocupados.