Río Negro terceriza servicios para agilizar trámites

No le costará nada al Estado, pero sí a los usuarios.



La provincia de Río Negro cederá a terceros, algunos servicios para mejorar funciones de los registros públicos de las personas, de propiedades y de asociaciones civiles. Estos convenios con entidades públicas o privadas no determinarán costo para el Estado, pues esos servicios se compensarán con pagos de aranceles por parte de los usuarios.

Los "entes cooperadores" -como se denominarán- podrán facilitar y agilizar esos trámites con la entrega de inmuebles, automóviles, servicios especializados y cualquier inversión. También, esas entidades podrán pagar incentivos salariales a los agentes.

En la última sesión, la Legislatura aprobó un proyecto de autoría de la radical Ana Piccinini, que autoriza al Ministerio de Gobierno a celebrar convenios de "cooperación técnica y financiera con entidades públicas o privadas" para el "mejor funcionamiento y modernización de los métodos operativos" de los organismos dependientes de esa cartera, es decir, los registros civiles, los de Propiedad y de Personas Jurídicas. Además, el aporte prevé "contribuir al cumplimiento de las misiones y funciones" de esas áreas.

El proyecto fue aprobado por el voto mayoritario de la bancada oficialista.

La arista Magdalena Odarda consideró que conlleva "inseguridad laboral para los trabajadores estatales".

El justicialista Javier Iud calificó que permitirá el arancelamiento por un servicio donde el Estado ya tiene tasas o contribuciones fijadas, entonces se creará una estructura paralela con un doble costo al usuario.

Además, Iud manifestó a "Río Negro" que el proyecto no clarifica qué funciones tendrán los terceros, aunque entendió que se busca descentralizar misiones. Por ejemplo, la posibilidad que una entidad contratada cumpla con una campaña de documentación.

En el recinto, Piccinini desestimó que se avance en tercerizar esos servicios y luego Bautista Mendioroz insistió que así "se mejorará el servicio" a los usuarios.

En los fundamentos del proyecto, la autora consideró que el beneficio para el Estado provincial se centra en que "esa cooperación no significa desembolso alguno, permite modernizar una dependencia y brindar un mejor servicio, los bienes quedan en propiedad estatal, y se podrá denunciar el convenio unilateralmente".

Mientras tanto, el beneficio a los usuarios se explica en "un servicio mejor dotado, de mayor seguridad y celeridad", y "racionaliza y simplifica los trámites".

Piccinini justificó cualquier aporte de particulares "quienes evitan mayores erogaciones por las demoras e inseguridades que el actual régimen genera".

En otra parte de sus argumentos legislativos, la diputada reiteró que esas "reparticiones desarrollan una labor de contacto directo con la gente y son eminentemente prestadoras de servicios. La especificidad de sus tareas las hace insustituibles, ya que el Estado no puede permanecer al margen de esas labores". Pero, "históricamente esas reparticiones se caracterizaron por tener un magro presupuesto", lo cual "no permitía atender el cumplimiento cabal de sus servicios".

Consideró que "la posibilidad de convenir con entidades públicas y privadas" resulta "una opción inmejorable a los fines de llevar adelante una reforma". (AV)

Nota asociada: Con entidades públicas o privadas

Nota asociada: Con entidades públicas o privadas


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